Por Ma-Bàlle ma-a Joba, Redacción
4 de Noviembre de 2011
Desde la primera dictadura en Guinea ecuatorial, la eliminación de oponentes políticos o personajes molestos para los nguemistas era una manera muy «rápida y eficaz» de finiquitar cualquier problema. En muchas ocasiones hasta utilizaban el «método preventivo» de eliminar a las personas susceptibles de llevarles la contraria en el tiempo, antes de que lo haga. De ahí, la eliminación masiva de la gente mejor preparada del país (políticos, intelectuales, profesores, etc.), obteniendo así una sociedad «mansa», incapaz de luchar por algo. Quizás para ganar el favor de la dictadura, fueron muchos los que hicieron de verdugo, asesinando a personas indefensas para obtener las migajas de la dictadura.
Cuando cambió el régimen y mucha gente volvió del exilio, se llevaron inmediatamente una desagradable sorpresa. Los antiguos verdugos campaban libremente y a sus anchas por todo el país. Para muchos fue el aviso de que lo que venía era un suma y sigue; que teníamos nguemismo para rato.
A estas alturas de la segunda dictadura nguemista, en su intento por engañar al mundo entero que Guinea Ecuatorial es una democracia, Obiang Nguema y sus seguidores no paran de «ganar» todas las consultas electorales con porcentajes estratosféricos (99,9%).
Gracias a esta torpeza, el mundo entero es consciente de lo que pasa y no engañan a nadie sobre la realidad vigente en Guinea Ecuatorial. Mires por donde mires, siempre verás a algún criminal que se pavonea libremente, codeándose con la «élite nguemista », orgulloso y muy seguro de sí mismo ante la posibilidad de poder delinquir impunemente.
Uno de los factores que fomentan la perpetuación de la impunidad en la Guinea Ecuatorial nguemista es la falta de independencia del sistema judicial, que brilla por su debilidad extrema ante los «amos del país».
Gracias a esta impunidad, cualquiera puede ir a detener a alguien (casi siempre en situación económica precaria y cuyo único pecado es intentar mantenerse vivo) sin ninguna orden judicial, pegarle un tiro y seguidamente fumarse un pitillo para terminar marcando en su móvil de última generación un número que le pondrá en comunicación con un «personaje oscuro» (que todo el mundo conoce) al que dirá que todo ha ido bien. O si tiene mucha suerte, el detenido será encerrado en una mazmorra indefinidamente sin cargos ni juicio. Y si su abogado
presenta algún recurso de «hábeas corpus», es consciente de que este proceso entrará en vía muerta y no tendrá ningún resultado. Existe también un sistema de reclusión e incomunicación total, con el agravante de que el preso es trasladado constantemente de una prisión en una provincia a otra en otra provincia; lo que permite al régimen esquivar cualquier control que pudieran hacer los organismos internacionales de derechos humanos. Otras prácticas que caracterizan a este vil régimen nguemista son: los secuestros y traslados ilegales de los oponentes políticos hacia las mazmorras de Obiang Nguema, que casi siempre terminan por desapariciones forzosas o por juicios sin garantía alguna, seguidos de duras condenas y fusilamientos sin entrega de los cadáveres de los asesinados a sus familiares.
Tampoco podemos dejar de lado otra de las especialidades del régimen, que consiste en torturas, malos tratos y muerte bajo custodia. Cuántas veces han detenido a una persona por lo que sea, y por la tarde hacen venir a los familiares para decirles que lo sienten, pero que el detenido ha muerto.
Es cierto que, debido a las presiones de las organizaciones de los derechos humanos, el régimen tuvo que hacer una ley que prohibía textualmente la tortura. Sin embargo, la impunidad puede más que esta ley.
Es de notoriedad pública que altos cargos de la policía siguen practicando la tortura contra detenidos políticos o no y en el año 2008 se condenó a un agente encargado de interrogar a los detenidos a 7 meses de cárcel por haber matado a un hombre al que sometía a un interrogatorio tortura.
Las violaciones de derechos humanos se siguen sucediendo en el país debido a un débil sistema judicial carente de independencia, que es una prueba flagrante de ausencia de un Estado de derecho.
En el artículo 83 de la Constitución de Guinea Ecuatorial se establece claramente la independencia del poder judicial. Sin embargo, el «gazapo» que representa el artículo 86, tira
por tierra esta independencia ya que dice taxativamente que «el presidente es el Primer Magistrado de la Nación», afirmación que este toma al pie de la letra. A partir de ahí, sus delitos y los de su entorno son totalmente transparentes, mientras que por otro lado, les azuza a los jueces a terminar con la corrupción; siendo él y su entorno los máximos exponente de este mal endémico en Guinea Ecuatorial.
Es conveniente remarcar que el Código Penal y el Código de Enjuiciamiento Criminal vigentes hoy en día en Guinea Ecuatorial son el Código Penal y el Código de Enjuiciamiento Criminal españoles de 1967, herencia de la dictadura franquista. Es inaudito que un país de 43 años de existencia haya sido incapaz de redactar un Código Penal y un Código de Enjuiciamiento Criminal acordes a la realidad que vive. A pesar de ser uno de los países que tiene la mayor concentración de diplomados por metro cuadrado, nadie del gobierno ni del poder judicial ha tratado de llevar a cabo una reforma de estos dos Códigos ni de hacer una reforma integral del sistema de justicia penal.
Las prisiones, que teóricamente están bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia, en realidad las controla el Ministerio de Defensa, por lo tanto los que hacen de guardias penitenciarios son soldados. Les dejo imaginar lo que esto significa en la práctica.
