Guinea Ecuatorial (27-03-14)
Las ejecuciones llevadas a cabo tan sólo unas
semanas antes de anunciar una “moratoria temporal” de la pena de muerte
suscitan serias dudas
Amnistía Internacional siente honda preocupación por la ejecución, a
finales de enero de 2014, de al menos cuatro y posiblemente nueve condenados a
muerte en Guinea Ecuatorial. Es posible que
el Estado haya ejecutado a todos los presos condenados a muerte. Dos semanas
después, el gobierno anunció una moratoria del uso de la pena capital en lo
que parece ser un intento de conseguir la admisión en la Comunidad de Países de
Lengua Portuguesa (CPLP).
El hecho de anunciar una moratoria de la pena de muerte y “pasos hacia la
abolición” tan sólo una quincena después de llevar a cabo ejecuciones suscita
serias dudas sobre los motivos del gobierno. Amnistía Internacional insta al
gobierno de Guinea Ecuatorial demostrar su compromiso para con los derechos
humanos universales aboliendo la pena de muerte.
Ejecuciones
El 31 de enero de 2014, al menos cuatro personas fueron ejecutadas en
Guinea Ecuatorial, en lo que constituyen las primeras ejecuciones judiciales de
las que se ha tenido noticia desde 2010. Tadeo Mitogo Alo, Mariano Nguema Ela y
Abraham Ndong, todos ellos de Guinea Ecuatorial, fueron ejecutados por
fusilamiento junto con Amadou Tamboura, de Malí, en Evinayong, en la región
central de Guinea Ecuatorial. Todos ellos habían sido condenados por asesinato
entre 2003 y 2013. Según fuentes locales, las condenas de muerte habían sido
impuestas por tribunales ordinarios y confirmadas en apelación.
Según la información recibida, unos políticos nacionales de oposición han
dicho que a los cuatro condenados no se les notificó su ejecución inminente
hasta 30 minutos antes de llevarla a cabo. Otras fuentes afirman que ni a las
familias ni a los abogados de los condenados se les informó antes de llevar a
cabo las ejecuciones, lo cual constituye una violación de las normas
internacionales.
Además, es posible que el día anterior, 30 de enero, cuatro condenados a
muerte fueran ejecutados en secreto justo a las afueras de la capital, Malabo,
y otro más en Mbini, en la costa oeste, con lo que la posible cifra de
ejecutados ascendería a nueve. Según fuentes locales, los cadáveres no
fueron devueltos a sus familias, sino enterrados por soldados.
No está claro si en el país aún queda algún condenado a muerte. Guinea
Ecuatorial debe hacer que su uso de la pena de muerte sea transparente, y debe
desvelar públicamente el número total y las circunstancias de las ejecuciones
llevadas a cabo, así como el número personas que permanecen condenadas a muerte
en el país.
“Moratoria temporal”
El viceprimer ministro encargado de Derechos Humanos, Alfonso Nsue Mokuy,
anunció el 4 de marzo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el
presidente Teodoro Obiang Nguema había firmado el 13 de febrero de 2014 una
“resolución” en la que establecía una “moratoria temporal a la aplicación de la
pena de muerte”.
Esa resolución pide expresamente que los tribunales impongan penas de
prisión, en lugar de la pena de muerte, pero debe ser ratificada por el
Parlamento o en un referéndum nacional. No se trata, no obstante, de un
proyecto de ley para abolir la pena de muerte en el país, sino que únicamente
suspende de manera temporal su aplicación. En el informe nacional presentado
con antelación al examen periódico universal al que Guinea Ecuatorial se
someterá ante el Consejo de Derechos Humanos en mayo de este año, el gobierno
ya había anunciado su intención de adoptar una moratoria.
El 19 de marzo, según se ha informado, la presidenta del Senado de Guinea
Ecuatorial, María Teresa Efua Asangono, dijo que la moratoria significaba la
suspensión indefinida de las ejecuciones. Asimismo, declaró que el gobierno
estaba trabajando para eliminar la pena de muerte de la Constitución.
El artículo 13 de la Constitución permite la imposición de la pena de
muerte, pero no la requiere. Esto sugiere que
la abolición de la pena de muerte en la legislación ordinaria sería ya posible
sin necesidad de modificar la Constitución.
Otra manera de formalizar en la ley la “moratoria temporal” sería ratificar
el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP), destinado a abolir la pena de muerte, que prohíbe ejecutar a
ninguna persona sometida a la jurisdicción del Estado Parte y requiere a los
Estados Partes que adopten “todas las medidas necesarias para abolir la pena de
muerte en su jurisdicción”.
El ingreso de Guinea Ecuatorial en la Comunidad de Países de Lengua
Portuguesa
En una sesión especial celebrada en Maputo, Mozambique, el 20 de febrero de
2014, el Consejo de Ministros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa
(Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP) manifestó su satisfacción
por el anuncio de la adopción de una moratoria de la pena de muerte, que
permitiría a Guinea Ecuatorial avanzar en su admisión como miembro de la
Comunidad. El Consejo acordó recomendar el ingreso de Guinea Ecuatorial como
miembro pleno de la CPLP en la próxima Conferencia de Jefes de Estado y de
Gobierno que se celebrará en Dili, Timor Oriental, en julio de 2014.
Guinea Ecuatorial lleva desde 2006 siendo “observador asociado” de la CPLP.
Los ocho miembros que componen actualmente la Comunidad –Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, Santo Tomé y Príncipe y Timor
Oriental– han abolido legalmente la pena de muerte para los delitos ordinarios
como el asesinato.
Información complementaria
Guinea Ecuatorial lleva desde 1979 bajo el gobierno del presidente Teodoro
Obiang. El país mantiene la pena de muerte, preceptiva para el asesinato con premeditación,
a menos que existan circunstancias atenuantes. Las últimas ejecuciones
judiciales de las que se ha tenido noticia se llevaron a cabo en 2010, y las
anteriores a esas en 2007, cuando tres hombres condenados por asesinato en tres
casos diferentes en 2006 fueron ejecutados después de que el Tribunal Supremo
rechazara sus apelaciones.
La pena de muerte se ha aplicado a opositores políticos condenados en
juicios injustos, normalmente celebrados ante tribunales militares, por delitos
contra el Estado. El 21 de agosto de 2010, cuatro opositores políticos fueron
condenados a muerte ante un tribunal militar por tratar de matar al presidente
Obiang, así como por traición y terrorismo. Fueron ejecutados en secreto una
hora después, privándolos de su derecho a apelar ante un tribunal superior y de
su derecho a pedir el indulto, establecidos tanto el derecho internacional como
la legislación del propio país. También se les negó el derecho a ver a su
familia.
El segundo examen periódico universal de Guinea Ecuatorial ante el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU tendrá lugar el 5 de mayo de 2014. Durante su primer examen periódico universal, en diciembre de 2009,
Guinea Ecuatorial rechazó las recomendaciones de ratificar el Segundo Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP),
destinado a abolir la pena de muerte.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, por
considerarla el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante y una
violación del derecho a la vida.
https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/las-ejecuciones-llevadas-a-cabo-tan-solo-unas-semanas-antes-de-anunciar-una-moratoria-temporal/
Obiang crea un órgano que controlará actividad de taxis en Guinea
Ecuatorial
Señala asimismo que "la actividad de transporte urbano de personas en
la modalidad de taxi regulada por este decreto, se considerará como un servicio
público, cuya explotación se efectuará previa concesión de la correspondiente
concesión administrativa, otorgada a solicitud del interesado, por el Ministerio
del Interior".
