Inversores
españoles revelan cómo perdieron sus empresas en Guinea Ecuatorial
Los
empresarios se asociaron con los hijos de Obiang
Jueces
franceses recaban sus testimonios en Madrid y les toman declaración en Anticorrupción
Verano
de 2009. Ruslan Obiang Nsue acudió puntual a la cita con el empresario español
en el vestíbulo del hotel Vincci Capitol, un cinco estrellas en el número 41 de
la Gran Vía, en pleno corazón de Madrid.
El hijo del presidente de Guinea Ecuatorial,
consejero del ministro de Deportes y presidente del club de fútbol The
Panthers, apareció embotado en un impecable traje y del brazo de una atractiva
mujer. El emprendedor gallego, de 57 años, comprobó que la promesa de sus
intermediarios era real, que los 200.000 euros de comisión que había pagado en
España para hacer negocios con el hijo del dictador le habían conducido hasta
este singular personaje. Cuando estampó su firma en los contratos para
construir varios campos de fútbol en Malabo
y Bata para la Copa de África
en 2012 comenzó una aventura que no olvidará jamás. “Ves que te firma los
contratos un hijo del presidente y te lo crees todo. No imaginas lo que te
puede pasar. Tuvimos que salir por pies, temimos por nuestra vida”, confiesa
ahora en su despacho de una localidad de Galicia.
Hacer
negocios con el clan familiar que lidera Teodoro Obiang, que domina
este país de unos 700.000 habitantes y 28.051 kilómetros cuadrados, es
arriesgado. El pago de comisiones es obligado y las disputas comerciales,
muchas veces ficticias, derivan en ocasiones en extorsión, amenazas y en la
pérdida de la inversión para salvar la vida. Lo que empieza como un gran
negocio plagado de oportunidades se convierte para algunos en un infierno. El Ministerio de
Asuntos Exteriores acaba de colgar en su página web una “nota
importante” en la que advierte que se están produciendo casos de empresarios
españoles y extranjeros que no pueden abandonar la excolonia española
(1778-1968) por desavenencias con sus socios locales. Se les requisa el
pasaporte y se les impide salir del país hasta que no renuncian a sus
propiedades. Esto último no lo explica la nota, pero es lo que está ocurriendo,
según los testimonios recabados por EL PAÍS.
Roberto
Cubría, de 45 años, ha sido la última víctima de este sistema corrupto que
empapa hasta el último rincón de la Administración guineana. Ha permanecido 59
días refugiado en la Embajada española en Malabo. Dormía en un sofá y se
duchaba en la piscina. La legación diplomática fue su único refugio para
escapar de las presiones de Genoveva Andeme Obiang, otra hija del presidente,
directora adjunta del Banco Central de África Occidental (BEAC), a la que había
vendido las naves de su empresa Soluciones Modulares. Durante dos meses no
salió solo a la calle por miedo a ser detenido. Le habían confiscado el
pasaporte. Ha tenido que “regalar” 50.000 euros en materiales para lograr
regresar a Valencia.
Falló que no quisimos pagar más comisiones ilegales. ¿Qué
quieres?, ¿que te denuncie por violación?, nos decían?
En
Valencia precisamente vivió durante años Ruslan, el hijo de Obiang, el
presidente del club The Panthers que sueña con dirigir la Federación Guineana
de Fútbol, y de allí son los enlaces españoles que engatusaron al constructor
gallego que aspiraba a levantar varios campos para la Copa de África. Una red
en varias ciudades españolas que atraen emprendedores para invertir con la
familia de Teodoro Obiang en la excolonia española que todavía conserva el
secreto magnetismo que siglos atrás atrajo hasta sus playas y bosques a mercenarios,
piratas y aventureros sin escrúpulos. Un país con ingentes reservas
de petróleo —es el tercer productor africano después de Angola y Nigeria— donde la mayoría de sus habitantes
tiene una esperanza de vida de 51 años, vive con menos de 200 euros mensuales y
sufre la asfixiante
dictadura de una casta gobernante cada vez más rica e influyente.
El
emprendedor gallego confiesa su temor, pero acepta hablar si se garantiza su
anonimato. “Ruslan firmó los contratos en Madrid. Teníamos la concesión, los
proyectos, los presupuestos. Llevamos toda la maquinaria y el material.
Invertimos más de 500.000 euros. El hijo del presidente nos envió unas cartas
de recomendación en las que se decía que éramos empresarios de buena fe. Viajé
a Malabo 11 veces, constituimos una sociedad con un testaferro del hijo del
presidente y uno de nuestros socios se estableció allí para dirigir las obras.
En el aeropuerto te das cuenta de que tienes que pagar por todo: al comisario
para que te selle el pasaporte, al de seguridad nacional para el visado de
salida, al fiscal general, al que tenían en nómina, para los permisos. Una
cadena que no termina nunca. ¡Pero si no hemos empezado a trabajar!, les decía
yo”.
Al
empresario le recibió Emilio Oñebula, director general de Deportes, y le
mostraron los planos del proyecto en el ministerio. La empresa gallega inició
la fase de explanación. “Te lo ponen todo tan dulce que picas. Mientras les
estás pagando no te dejan ni un minuto solo. Al principio pensé que era por
educación, pero luego me di cuenta de que lo que quieren es controlarte para
ver qué haces, con quién hablas. Si salías solo te echaban la gran bronca.
Estábamos siempre vigilados”.
El empresario gallego recibió una
visita en su despacho. Y un mensaje claro: Cuidado con lo que habláis
¿Qué
falló para que la aventura empresarial que empezó en el hotel Vincci
Continental terminara bruscamente en agosto de 2011? “Falló que no quisimos
pagar más dinero (comisiones ilegales) a la gente de Ruslan. Te estrangulan
económicamente y se buscan otro. Y se quedan con todo, con toda la inversión
que has dejado allí. Al final, cuando nos oponíamos a algo te decían: ¿qué
quieres, que te denuncie por violación? ¿Quieres ir a la cárcel? Nos lo dijeron
muchas veces y tuvimos verdadero pánico. El socio que se estableció en Malabo
se tuvo que marchar. Yo pensaba: pero ¿dónde nos hemos metido? ¿A quién
reclamo? La corrupción es total, es brutal”.
En
España, los intermediarios valencianos que vendían a Ruslan como el socio ideal
para hacer negocios en Guinea Ecuatorial ofrecieron su diagnóstico al
constructor: “Hiciste algo mal. Teníais que haberle pagado otros 100.000 euros
más. No supisteis actuar”. “Cuando te vuelves habiéndolo perdido todo, estos
intermediarios se esfuman y dejan de coger el teléfono. Luego supimos que no
éramos los únicos estafados. Habíamos caído en una trampa”, afirma el
constructor.
La
aventura no terminó. El socio del constructor gallego, el hombre que se instaló
en Malabo para construir campos de fútbol recibió una visita en su casa en
Portugal. Durante cinco días dos hombres bien trajeados aguardaron su llegada
en el interior de un coche. “Ojo con lo que hacéis”, le advirtieron. El
inversor también tuvo una visita en su despacho profesional: “Cuidado con lo
que habláis y lo que denunciáis”, le espetaron otros emisarios. Los dos tienen
miedo.
La
corrupción en el Gobierno de Teodoro Obiang es endémica y, según diversos
testigos, los empresarios españoles la sufren hace décadas. Felipe Martín, un
promotor y constructor de Masquefa, una localidad de unos 9.000 habitantes, a
media hora en coche desde Barcelona,
también perdió toda su inversión en su aventura guineana, más de 600.000 euros
y dos años de viajes y trabajo. Su socio le convenció en 1995 para levantar un
aserradero con naves de 25.000 metros cuadrados en Malabo. Una experiencia que
este último, que pide se omita su identidad, quiere olvidar porque estuvo a
punto de costarle la vida. Ignoraban que caerían en la red de Teodorín
Obiang, de 42 años, el hijo preferido del dictador, vicepresidente
segundo del Gobierno y futuro sucesor. La Justicia francesa acaba de dictar una
orden de detención europea contra él por corrupción y le ha
embargado su casa de 5.000 metros en el número 42 de la avenida Foch, en el
barrio más exclusivo de París, valorada en 40 millones de euros, y una
colección de coches de lujo.
Martín,
de 52 años, y su socio, de 59, fueron algunos de los arriesgados pioneros
españoles que a mediados de los años noventa se aventuraron a explotar los
inmensos bosques de este extraordinario paraíso selvático. Entonces el negocio
parecía redondo porque tenían clientes dispuestos a comprar toda su producción
en España.
“Nos
obligaron a tener de socio local al ministro de Bosques. Teodorín era entonces
su consejero y ya estaba metido en el negocio de la madera. Mi socio trató con
él y le dieron todas las facilidades, por supuesto después de pagar comisiones
por todos lados. Nos cedieron un terreno de seis hectáreas a cuatro kilómetros
de Malabo. Trasladamos la maquinaria: bulldozers, camiones, cortadoras,
secadoras. Llevamos a cuatro técnicos para formar allí a los obreros guineanos,
más de cuarenta hombres. Casi dos años de trabajo para levantar el aserradero y
no pudimos exportar ni la primera remesa. Cuando estuvo el almacén lleno
comenzaron los problemas, las pegas, la falta de permisos. No entendíamos nada.
Logramos sacar cuatro contenedores sobornando a gente del puerto. A mi socio le
dijeron que o se iba o le metían en la cárcel, pero decidió quedarse”, explica
Martín en su despacho de Masquefa.
Un inversor catalán acabó en la
cárcel de Black Beach, sin comida, pisando sus heces y con malari
El
reto del empresario catalán tuvo consecuencias. Una mañana se presentó la
policía en su casa de Malabo, en la zona residencial donde vive la clase
dominante del clan esangui, la que ocupa casi todos los puestos de la
Administración, donde salía a cenar con Teodorín, y lo condujeron detenido
hasta la siniestra prisión de Black Beach, al borde de la playa del mismo
nombre, acusado de violación. Un burdo montaje, según asegura Felipe Martín.
“La acusación era falsa y las condiciones de la prisión terribles: no le daban
comida, dormía en el suelo, pisaba sus propias heces porque la celda no tenía
baño, cogió la malaria con fiebre altísima y temblores. Pensó que moriría.
Pidió irse dejándolo todo y salió por la frontera de Camerún donde estuvo varios meses
recuperándose. Lo perdimos todo. Mi socio solo quiere olvidar”, recuerda
Martín.
En
1998, cuando los dos empresarios españoles perdieron su aserradero, Teodorín
Obiang informó al banco norteamericano Riggs que había creado una empresa
llamada Somagui Forestal, según señala una reciente demanda presentada contra
él por Jennifer Shasky, directora de la sección de Lavado de Dinero del
Departamento de Justicia de EE UU. Ese mismo año fue nombrado ministro de
Bosques, cargo que ha ocupado hasta hace un año. Con solo 24 años Teodorín ya
disfrutaba de derechos de explotación en 88.000 acres de selva tropical. La
Justicia norteamericana le acusa de enriquecerse mediante “ardides corruptos” y
cobro de comisiones ilegales a numerosos empresarios. Y cita los casos de
presunta extorsión a empresas como Isoroy (francesa), ABM (española) y
Agroforestal (italiana), establecidas en Bata. “Amenazó y se vengó de las
empresas madereras, entre ellas Isoroy y ABM que se negaron a aceptar sus
exigencias de pago”, dice la demanda.
Antonio
Cabanellas, de 55 años, fue jefe de obras de ABM entre 1995 y 1997, ahora
reside en España y describe así a este periódico su relación con Teodorín: “Nos
llamaba a su despacho y obligaba acudir con traje y corbata. Te hacía esperar
cinco horas y aparecía en pantalón corto. Te decía: ‘quiero que me pagues
tanto, tienes una semana para ingresar el dinero. Si no pagas te confiscamos la
maquinaria pesada y le damos tu concesión a los chinos’. Tuvimos que salir por
patas. Nos pedía millones. Solo se quedaban allí los que le pagaban. Su empresa
Somagui Forestal era una tapadera”.
La
investigación norteamericana concluye que la fortuna movida por el hijo de
Obiang en Estados Unidos (una casa en Malibú, un avión privado y cuentas
multimillonarias) procede de actividades delictivas y revela que el banco JP
Morgan investigó en 2002 las actividades de Somagui Forestal y no logró
acreditar su actividad. En la supuesta empresa no cogían ni el teléfono.
Teodorín nos llamaba su despacho y nos decía: O pagas o le
doy tu concesión de madera a los chinos?
“Somagui
Forestal era una pantalla, una empresa ficticia, no tenía actividad, ni
empleados. Se trataba de una sociedad del propio Teodorín a la que teníamos que
pagar un impuesto revolucionario del 10% del valor de cada embarque. Si no
pagabas no te dejaban exportar tu producción de madera. Pagué hasta que no pude
más. Todos pagábamos, porque sin pagar no podías trabajar y tenías que cerrar”,
afirma el empresario
Germán Pedro Tomo, de 52 años, residente en España desde 2004 y
exdiputado del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, el de Obiang.
El
pasado mes de julio el funcionario de la División Criminal del Departamento de
Justicia norteamericano Woo S. Lee. y Robert Manzanares, agente especial del
Departamento de Investigación y Seguridad Nacional, interrogaron en secreto en
Madrid a varios testigos y empresarios ecuatoguineanos y españoles. Buscaban
relatos para sostener su acusación. Entre ellos estaba Tomo.
Jorge
no facilita su apellido, pero confiesa que él y sus socios, uno de ellos vasco,
han perdido más de dos millones de euros en maquinaria en la antigua colonia
española. Según su relato, entre 2009 y 2011 llevaron media docena de empresas
a Malabo y Bata. “Estuve en la casa de Teodorín en los Campos Elíseos. Trataba
directamente con los empresarios y solo por sentarse frente a él había que
pagar de 40.000 a 100.000 euros. Era lo que llaman el canon de intenciones.
Pero cuando llevas la maquinaria empiezan los problemas. Te ponen toda clase de
pegas para que te vayas y se quedan con todo. Si no aceptas, sabes que acabas
en la cárcel de Black Beach. Luego celebran una junta y dicen que su socio
español se ha marchado del país. La gente se va por miedo”. El empresario
asegura que esto les ha pasado a muchos de los emprendedores que van allí. Y
remata así: “Los que se quedan es porque se amoldan. Ya se imaginará usted a
qué”.
La
pasada semana, en un palacete en el número 4 de la madrileña calle de Manuel
Silvela, sede de la Fiscalía
Anticorrupción, el juez parisiense René Grouman, el hombre que ha
dictado una orden de detención contra el hijo predilecto de Obiang, escuchó
atento el testimonio de Gervais Maoukiki, director financiero de una de las empresas
de madera presuntamente extorsionadas por Teodorín. Su relato coincide con el
que Germán Pedro Tomo y otros empresarios españoles han facilitado en los
últimos meses en otras discretas visitas al juez Grouman, a su colega Roger
Loire y a fiscales franceses desplazados desde París. Sus declaraciones están grabadas en
vídeo y se consideran de “extraordinaria” importancia para acusar de blanqueo
de dinero al amo de la madera guineana. Helen Davo, jueza de enlace francesa, y
el fiscal Luis del Río, que investiga a los Obiang en una causa por
presunto blanqueo abierta en un juzgado de Las Palmas de Gran
Canaria, presenciaron la declaración.
A
Juan Colomer, empresario catalán de 77 años, el Gobierno guineano le confiscó
su finca de cacao de 300 hectáreas a las afueras de Malabo. No ha logrado
recuperarla y reconoce que no se atreve a volver. “Hay un vacío enorme de
empresarios españoles porque la corrupción es total. O juegas a corromper o te
juegas la piel”, concluye. Los departamentos de riesgo de las grandes compañías
españolas vetan desde hace años los proyectos en el país de los Obiang, según
señalan algunos de sus responsables. “No hay seguridad jurídica y nuestra
presencia allí puede dañar la imagen de la compañía”, responde uno de ellos.
Una portavoz de la CEOE
asegura que los empresarios españoles ven en Guinea Ecuatorial, un país de
oportunidades, pero siempre y cuando se garantice la seguridad jurídica.
Estas
reticencias y temores no son unánimes. El exministro socialista de Asuntos
Exteriores Miguel Ángel
Moratinos acaba de asistir como invitado al séptimo encuentro del
denominado Movimiento de Amigos de Obiang (MAO), celebrado en Malabo. Los
medios oficiales del dictador —no existe la prensa libre en Guinea Ecuatorial—
destacan la presencia de Moratinos en el particular evento. Durante su mandato
al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores el Gobierno español estrechó
lazos con Obiang, el dictador que cada año ocupa un puesto en la lista de la
revista Forbes como uno de los hombres más ricos del planeta.
Para sentarte en París con él había que pagar de 40.000 a
100.000 euros?
Según
las estadísticas de Exteriores hay alrededor de 1.500 españoles residiendo en
la antigua colonia española. Algunos afirman que en sus negocios les va bien,
pero también piden que no se revele su nombre. Una empresaria catalana con
intereses en Malabo lo explica así: “Tienes que conocer el país y actuar como
ellos esperan que actúes. Nosotros lo hacemos y funciona”. ¿Qué significa
actuar como ellos esperan que actúes? La empresaria no responde y corta la
conversación.
Germán
Pedro Tomo, uno de los testigos principales contra Teodorín Obiang, ya no pasea
solo por Madrid. Desde que declaró en la sede de la Fiscalía Anticorrupción
ante el juez Gruman vive escoltado por dos policías españoles que no le quitan
ojo. Lo reclamó la Justicia francesa al Ministerio del Interior
español. En 2005 dos sicarios colombianos apuñalaron a su hermano cuando salía
de su casa de Alcorcón. Se confundieron de víctima. Los matones habían sido
contratados por dos españoles residentes en Guinea Ecuatorial que fueron
detenidos en España, juzgados y condenados a 11 años de cárcel. Tomo afirma que
pretendían hacer un favor al régimen del dictador. “Fue la respuesta a mi
primera declaración a las ONG Global Witness
y Human Right Watch
en el caso del banco Riggs en el que los Obiang escondían sus cuentas del
petróleo. Pretendían eliminarme”. Contar cómo son los negocios de la familia
Obiang puede costar la vida.
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/22/actualidad/1363976497
_597498.html
