03/08/2014
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En
noviembre de 2011, Obiang celebró un referéndum que ganó con el 97,7% de los
votos mediante el cual amplió sus poderes convirtiéndose en presidente del
Consejo Supremo del Poder Judicial, todo un ejemplo de la nula separación de
poderes del país.
Cuenta
el líder de la oposición guineana, Severo Moto, que su formación, el Partido
del Progreso, ganó las elecciones municipales en 1995. La victoria fue
aplastante ya que superó en la mayoría de los casos el 60% de los votos. Según
asegura Moto, Obiang envió lacayos a todas las mesas y a la Junta Electoral
Central para proceder al recuento. No contento con ello, ordenó asaltar la
sede principal del Partido del Progreso, de donde se llevaron las actas y el
libro de afiliaciones, que por entonces rondaba el 30%. Obiang venció
finalmente las municipales de 1995 y tres años después, ilegalizó el Partido
del Progreso, una reacción que ha tenido arbitrariamente con el partido
opositor en tres ocasiones (1988, 1998 y 2003).
Las
últimas elecciones guineanas se celebraron en mayo de 2013, Obiang venció
con el 99% de los votos y Estados Unidos las calificó de “oportunidad perdida
para la democracia”. “Pese a que la votación haya transcurrido en orden y
de forma pacífica, Estados Unidos tiene serias preocupaciones respecto a las
elecciones”, en especial por “las detenciones arbitrarias, los límites a la
libertad de reunión y expresión y el acceso severamente restringido a los
medios y a Internet y las redes sociales para los partidos de la oposición”,
expresó el portavoz del Departamento de estado, Jennifer Psaki, en un
comunicado.
En las
jornadas previas a los comicios se detuvo a varios activistas y los militares
ocuparon las calles intimidando a la oposición y sus simpatizantes, que no
pudieron expresar su repulsa hacia el Gobierno y hacia unos comicios poco
transparentes tal y como habían previsto. Human Right Watch y Amnistía
Internacional denunciaron un goteo de detenciones que se prolongó durante todo
el mes de mayo, así como las restricciones impuestas a los observadores
internacionales, que no pudieron desempeñar su papel con libertad.
En las
anteriores elecciones, en 2009, Obiang revalidó su mandato con el 96,7% y la
oposición se movió entre el 0,7% de Convergencia para la Democracia Social, de
Plácido Micó y el 0,04% de Acción Popular. Obiang se presentaba con el
significativo lema de ‘Mejor viejo conocido que nuevo por conocer’. Pese a las
ya habituales protestas de la oposición y de los organismos internacionales,
Obiang opinó entonces que habían dignificado Guinea a nivel internacional y
llegó a decir que a nivel del continente africano, “nadie puede dudar de que
actualmente, la democracia se ha asentado en Guinea Ecuatorial”. Una
democracia ‘a su manera’, como matizó en agosto de aquel mismo año con motivo
de la celebración del treinta aniversario del golpe de estado que le asentó en
el poder. “En Guinea Ecuatorial estamos desarrollando una democracia que ha
evolucionado a nuestra manera, que no es el fruto de una copia",
declaró un Obiang al que no ha importado calificarse de dictador, definiendo el
concepto también a su manera. “Soy un dictador, presumo de que soy un dictador,
porque dictador es el que dicta las normas”, aseguró ante los periodistas
españoles durante una visita de Moratinos a Malabo.
Referéndum
para aglutinar más poder
Pese a
que Obiang gobierna en Guinea con plenos poderes, en noviembre de 2011 se
celebró un referéndum sobre una reforma de la Constitución que ampliaba aún más
sus competencias. Ganó el ‘sí’ con el 97,7% de los votos y gracias a ello pudo
reforzar sus poderes proclamándose, por ejemplo, presidente del Consejo Supremo
del Poder Judicial, el órgano que controla a los jueces. La Constitución
reformada también prevé que la figura del presidente sea la que nombre o
autorice a los directores de las instituciones que bajo el calificativo de
‘independientes’ controlan las cuentas del Gobierno. La reforma
constitucional limitaba el mandato del presidente a dos períodos consecutivos
de siete años, pero no lo aplicaba de forma retroactiva de modo que Obiang, que
ya llevaba entonces 31 años en el poder, podría ampliar su mandato otros
catorce hasta superar los 45 años de presidencia, algo que ningún otro dictador
africano ha logrado hasta la fecha.
Respecto
a la votación del referéndum, EG Justice y Human Rights Watch (HRW) denunciaron
“fraude durante las votaciones, acoso a los partidarios de la oposición e
intimidación a los votantes”. Entre las irregularidades denunciadas por las dos
organizaciones y por la oposición figuran la presencia de agentes de seguridad
armados dentro de los colegios electorales, amenazas contra los miembros de la
oposición que intentaban supervisar las votaciones y la imposición del
llamado ‘voto público’, un procedimiento que obligaba a los votantes a exhibir
públicamente las papeletas antes de introducirlas en las urnas.
Las
mismas fuentes denunciaron irregularidades en el censo, que se habría cerrado
con retraso y se habría basado en las listas de 2009, de modo que en algunas de
las mesas aparecían nombres de personas fallecidas. EG Justice y HRW también
advirtieron de que el hecho de que la Junta Electoral Nacional estuviese
presidida por el ministro del Interior socavaba la independencia del organismo
encargado de supervisar la votación y el escrutinio.
Las
distintas formas de dar pucherazos
Desde
que hay elecciones multipartidistas en Guinea – a mediados de la década de los
noventa – Obiang viene ganando todas las elecciones con porcentajes que
se mueven siempre en torno al 100%. El número de escaños de su partido no suele
bajar de 98 – de los cien del Parlamento – y el récord lo consiguió en 2002 con
el 99,5% de los votos, ante la espantada de todos los candidatos en protesta
por las irregularidades del proceso y los indicios de fraude. Ya en julio de
1988, celebró unas elecciones legislativas con una lista cerrada y un partido
único que, por supuesto, ganó con el 99,9% de los votos. Para él, aquello ya
era el inicio de una democratización. El Partido Democrático de Guinea
Ecuatorial (PDGE) fue creado en 1987 y por entonces, todos los funcionarios
debían sufragarlo forzosamente con el 3% de su sueldo.
A lo
largo de estos veinte años, el sistema de ‘pucherazo’ se ha ido perfeccionando
y ya no sólo se basa en la intimidación, sino en acciones más trabajadas aunque
siempre de trazo grueso, puesto que la suerte de un dictador es que no tiene que
esconderse ni rendir cuentas. La trampa comienza en la confección del censo,
que está lleno de duplicidades e incluso de menores o fallecidos. La Junta
Electoral Central, que debiera ser un órgano plural de arbitraje, está
formada por simpatizantes del partido mayoritario, el PDGE, e incluso por
ministros y miembros del Gobierno. La intimidación es constante y los
mítines de los candidatos opositores son vigilados por el Gobierno y la
Policía, que toman buena nota de los asistentes, lo que supone una vulneración
flagrante de sus derechos que disuade a la mayoría de participar en política. Por
si fuera poco, los mítines oficialistas están llenos de advertencias sobre
represalias hacia aquellos guineanos que se hayan ‘vendido a occidente’, que es
el eufemismo con el que se etiqueta a la disidencia.
La
jornada electoral es otro foco de continuos problemas. Los horarios cambian
constantemente para evitar la presencia de interventores de la oposición en las
mesas electorales y si aún así acuden, se les provoca a menudo para forzar su
expulsión. El voto público – obligar a los votantes a mostrar su papeleta –,
el voto ambulante – que consiste en recorrer distintas mesas con carnets falsos
– y el voto doble o incluso triple – cuando el mismo ciudadano vota múltiples
veces en la misma mesa – están también a la orden del día, casi siempre con la
connivencia de los interventores oficialistas.
Por
último, el recuento permite a los partidarios del Gobierno manipular los
resultados en el caso improbable de que todos los recursos descritos fracasen.
Además, si en los países occidentales los medios de comunicación son un
elemento más de control y arbitraje, en el caso de Guinea estos se dividen
entre los que son propiedad del estado y los que pertenecen directamente a Teodorín,
primogénito y delfín del dictador, por lo que encima de incumplir su labor
de control, la propaganda que vuelcan a favor del Gobierno es permanente.
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