09:06h
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El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha asegurado oficialmente que el 97,7 por ciento de los electores votaron a favor de la reforma constitucional en el referéndum celebrado el pasado domingo y que la participación en la consulta fue del 91 por ciento.
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha asegurado oficialmente que el 97,7 por ciento de los electores votaron a favor de la reforma constitucional en el referéndum celebrado el pasado domingo y que la participación en la consulta fue del 91 por ciento.
Los datos fueron anunciados públicamente por el ministro del Interior y presidente de la Junta Electoral Nacional, Clemente Engonga Nguema Onguene, el pasado miércoles por la noche, pero la Oficina de Información del Gobierno no ha dado cuenta de ellos hasta este viernes por la mañana a través de su página de Internet.
Según el ministro, de un total de 331.982 inscritos, votaron a favor 295.780 y lo hicieron en contra 6.858. Aparte, hubo 1.247 votos nulos y 845 votos en blanco. El porcentaje de participación fue del 91 por ciento, añadió. "La reforma constitucional es ya un hecho aprobado democráticamente por la gran mayoría de la población de Guinea Ecuatorial", afirmó la página web oficial.
Las cifras oficiales definitivas muestran una extraña falta de correspondencia con las que había anunciado el propio Clemente Engonga el pasado lunes, un día después del referéndum.
En aquella rueda de prensa, citada por la Oficina de Información del Gobierno, el ministro aseguró que, con "los datos escrutados correspondientes al 60 por ciento", el 'Sí' había reunido 295.780 votos y el 'No', 6.858. Cotejando aquellos datos con las cifras definitivas del pasado miércoles, las del lunes supondrían un 78 por ciento del total de los votos válidos, 18 puntos por encima de las anunciadas oficialmente por el ministro.
CPDS
La principal formación opositora legal, Convergencia para la Democracia Social (CPDS), ha rechazado "de plano" los resultados del referéndum constitucional "porque no se corresponden con la voluntad del pueblo realmente expresada en las urnas".
En un comunicado, la formación del diputado Plácido Micó ha denunciado que el proceso de reforma constitucional ha estado "perversamente viciado desde el inicio" y ha asegurado que los resultados "no obedecen a la realidad, sino al plan inicialmente establecido" por el presidente, Teodoro Obiang Nguema, para imponer una reforma constitucional "sin más objetivo" que la consagración de su "absolutismo".
Tanto CPDS como la otra gran formación opositora legal, Unión Popular (UP), han asegurado a lo largo de esta semana que la abstención ha sido "mayoritaria" --CPDS habla de una participación inferior al cincuenta por ciento-- y que la consulta fue un "pucherazo" caracterizado por "la intimidación y la represión" y por sus numerosas irregularidades.
Por su parte, las prestigiosas organizaciones no gubernamentales EG Justice y Human Rights Watch (HRW) han denunciado que el referéndum de reforma constitucional se caracterizó por "el fraude durante las votaciones, el acoso a los partidarios de la oposición y la intimidación a los votantes".
Entre las irregularidades denunciadas por las dos organizaciones y por la oposicón, figuran la presencia de agentes de seguridad armados dentro de los colegios electorales, las amenazas contra los miembros de la oposición que intentaban supervisar las votaciones y la imposición del llamado "voto público", un procedimiento que obliga a los votantes a exhibir públicamente las papeletas antes de introducirlas en las urnas.
Las mismas fuentes han denunciado irregularidades en el censo, que se habría cerrado con retraso y se habría basado directamente en las listas de las elecciones de 2009 (hasta el ounto de que en algunas mesas "aparecían nombres de personas fallecidas", según UP), y la falta de un número mínimo de observadores internacionales.
Según EG Justice y HRW, el Gobierno esperó hasta tres días antes de la votación para anunciar que se permitiría la presencia de observadores internacionales y, por ello, solo hubo "un reducido número de supervisores vinculados a algunas de las pocas Embajadas presentes en el país", entre ellas la española.
Asimismo, EG Justice y HRW advirtieron de que el hecho de que la Junta Electoral Nacional estuviese presidida por el ministro del Interior socava la independencia del "organismo encargado de supervisar la votación y el escrutinio".
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