José
María Irujo Madrid 9 MAR 2014 - 00:00 CET
Teodorín Obiang, vicepresidente de Guinea Ecuatorial, acepta
declarar por vídeoconferencia ante los jueces franceses que le investigan por
corrupción.
Ocho de los diez
testigos que le acusan de cobrar comisiones son empresarios españoles.
Un dirigente africano investigado
por corrupción declarará por primera vez ante la Justicia europea. Teodorín Obiang Nguema,
vicepresidente segundo de Guinea Ecuatorial, ha aceptado prestar declaración
por vídeoconferencia en la investigación judicial que se sigue contra él en
París (Francia) por presunto blanqueo de capitales y saqueo de las arcas
públicas de su país, antigua colonia española, según ha podido confirmar El
PAÍS.
La decisión de Obiang, de 44 años,
de dar la cara supondrá el levantamiento de la orden internacional de detención
dictada por la Justicia francesa ante su negativa a comparecer frente los
jueces que le investigan—fue citado en dos ocasiones y no acudió por temor a
ser detenido— y que le han embargado bienes inmuebles en Francia por valor de
30 millones de euros, según señalan fuentes de las ONG que en 2010 presentaron
una denuncia contra tres jefes de Estado africanos. Su comparecencia cerrará
una larga y compleja investigación dirigida por el juez René Grouman, un
veterano especialista en delitos financieros.
El cerco judicial sobre Teodorín Obiang,
está a punto de cerrarse en Francia. Y la inmunidad diplomática que esgrimió el
hijo del dictador africano no ha servido de nada. Los jueces Grouman y Roger
Loire ya han concluido una larga y compleja investigación sobre el origen del
patrimonio en Francia de El
Patrón, apodo con el que le llaman en Malabo, y sostienen que
procede del cobro comisiones ilegales blanqueadas con sus inversiones
millonarias en Francia.
“El dirigente africano tiene una orden de búsqueda y captura”
Grouman y Loire sostendrán su
acusación en el juicio del caso sobre los bienes mal adquiridos—como se
denomina en Francia esta investigación— con testimonios de 10 testigos, uno de
ellos francés, otro guineano y el resto empresarios españoles que durante los
últimos dos años han relatado ante los jueces franceses en el número 4 de la
madrileña calle de Manuel Silvela, sede de la Fiscalía Anticorrupción en
Madrid. Todas sus declaraciones han sido grabadas en vídeo y en presencia de un
fiscal español mediante comisiones rogatorias (petición de auxilio judicial).
Grouman terminó su última ronda de
declaraciones en Madrid y Barcelona a finales del pasado mes de febrero y
escuchó los testimonios de emprendedores españoles que hace un año revelaron a
este periódico el presunto chantaje al que fueron
sometidos por Teodorín para continuar con sus negocios de madera en Guinea
Ecuatorial y ahora lo han hecho ante la Justicia francesa. En algunos casos sus
socios terminaron en la cárcel por negarse a pagar las comisiones ilegales que
les exigían Obiang y sus socios locales. Todos ellos perdieron su maquinaria y
negocios.
En Francia, al contrario que en
España, estos testigos no están obligados a comparecer en la vista oral para
ratificar sus denuncias. Uno de ellos, Germán Pedro Tomo,
residente en Madrid desde 2004, cuenta con escolta policial solicitada por las
autoridades francesas. En 2005 dos sicarios colombianos intentaron asesinarlo.
Teodorín Obiang podría ser
condenado hasta a cinco años de prisión, pero fuentes judiciales aseguran que
de ser así no pisara la cárcel porque en Francia, en caso de penas pequeñas y
si el condenado no lo ha sido antes, se suspende la ejecución de la sentencia y
la acción de la Justicia se centra en la incautación definitiva del patrimonio
requisado. La condena de un dictador africano por blanqueo en Europa se
consideraría un éxito judicial, según señalan responsables de las ONG Sherpa y
Transparency International, impulsoras de la investigación.
” Una decena de testigos le acusan de cobrar comisiones ilegales”
La policía financiera francesa
incautó en febrero de 2012 al hijo del dictador africano su residencia
particular de 101 habitaciones y 5.000 metros cuadrados en el número 42 la
avenida Foch, junto al Arco del Triunfo, decenas de cuadros, obras de arte y
una colección de coches—Mercedes, Rolls Royce, Bentley, Porche, Ferrari,
Maserati y Bugatti— que la agencia interministerial de recuperación y gestión
de bienes confiscados (la AGRASC) ya ha subastado por tres
millones de euros.
Cuando concluya la declaración de
Obiang, Elian Houlette, la nueva fiscal anticorrupción francesa, emitirá su
calificación final. Los abogados de Teodorín en Francia intentaron que este se
amparara en su inmunidad parlamentaria en su condición de vicepresidente de
Guinea Ecuatorial, uno de los grandes productores de petróleo y gas, pero la
Corte de Apelación de París, presidida por la señora Boizette, desestimó su
petición. Su decisión acaba con el escudo protector que utilizan algunos jefes
de Estado africanos para escapar de las denuncias por corrupción y rapiña.
El cerco judicial se cierra en
Francia, pero varios funcionarios del Departamento de Justicia de EE UU
trabajan por todo el mundo en otra investigación similar sobre el presunto
lavado de dinero del hijo predilecto de Obiang en varios estados
norteamericanos. Sus casas en Malibú (California) y Washington, un avión
privado y toda la iconografía que compró en subastas del cantante Michael Jackson están
en el punto de mira.
