Cuando un Gobierno dice obtener más del 97% de los votos en un referéndum, o tiene un apoyo extraordinario de la población o en la votación ha habido algo raro. Y esa es precisamente la situación en Guinea Ecuatorial, la excolonia española gobernada por Teodoro Obiang Ngema desde hace 32 años, donde se va a aprobar una reforma de la Constitución que, según el Gobierno, obtuvo el pasado domingo un 97% (la primera cifra facilitada por el propio Ejecutivo era incluso del 99%), con una participación del 91%.
Sin embargo, la oposición y grupos defensores de los derechos humanos han denunciado que el referéndum estuvo lleno de irregularidades. “Soldados armados estaban en los colegios electorales, oficiales del Gobierno dieron dinero a personas para influirlas a votar a favor de las reformas, oficiales electorales animaron a los votantes para que votaran por sus parientes y otras personas...”, narra por email Joseph Kraus, director de Programas y Desarrollo de Equatorial Guinea Justice, que junto a Human Rights Watch ha publicado un informe sobre el referéndum. “Además, el Gobierno nunca repartió el texto completo de las reformas, así que los votantes no supieron lo que estaban votando”.
El Gobierno defiende que la modificación, a cuyo texto completo tampoco tuvo acceso el Parlamento, servirá para limitar a dos los términos presidenciales y aseguró que la modificación permitiría un mayor control sobre el Ejecutivo y mejoraría la situación judicial y de derechos humanos en el país. “Que digan que esta reforma es buena para la democracia me parece una broma, y de muy mal gusto”, comenta a EL PAÍS desde Malabo, la capital, Plácido Micó, líder del partido opositor Convergencia para la Democracia Social. Micó ha calificado de "gran mentira" la consulta y ha manifestado que la asistencia a las urnas no superó el 25% de los electores.
La oposición ha calificado de "gran mentira" la consulta y ha cifrado en un 25% la participación
El líder opositor describe Guinea Ecuatorial como un régimen dictatorial y un Estado policial y cuenta cómo, en su caso como líder de la oposición, amigos y conocidos no lo saludan por la calle o se van de un bar cuando él entra porque podrían perder sus trabajos si las autoridades los relacionan con él.
Oposición y activistas por los derechos humanos denuncian además que la reforma solo sirve para crear un Senado y otras instituciones que darán más poder al presidente. También elimina la edad máxima para optar a la presidencia, que era de 75 años, lo que en la práctica permite a Obiang –que tiene 69– optar a otros dos términos como presidente, cuando tras 14 años tendría 83 y habría gobernado durante 46, más de la mitad de su vida.
La modificación también crea el puesto de vicepresidente, que asumiría el poder en ausencia del presidente y que, según la oposición, permitirá a Obiang designar como sucesor a su hijo mayor, Teodoro Ngema Obiang Mange, al que se conoce como Teodorín. “Evidentemente, creemos que ha creado el puesto de vicepresidente para poner a su hijo Teodorín, que se pasea ya por Malabo como un jefe de Estado VIP”, dice Micó, “pero señale a quien señale Obiang, lo peor es que será a dedo, sin pasar por el Parlamento y sin ningún tipo de control democrático”.
A Teodorín, que es ministro de Agricultura y Bosques y embajador de su país ante la Unesco, se le conoce por su lujoso estilo de vida y un gusto particular por coches deportivos y jets privados. De hecho, desde finales de octubre el Departamento de Justicia de Estados Unidos pretende confiscar bienes a su nombre por valor de 70,8 millones de dólares. Estos incluyen una mansión en Malibú valorada en 30 millones de dólares, un avión privado y objetos relacionados con Michael Jackson por valor de dos millones de dólares.
La justicia estadounidense acusa a Teodorín de abusar de su posición ministerial para obtener dinero extorsionando a empresas extranjeras y a través de malversación y robo de fondos públicos.
Y en septiembre, como parte de una investigación de blanqueo de dinero destinado a la ayuda al desarrollo, la policía francesa se incautó en París de 11 coches de súper lujo, incluyendo un Porche, dos Ferraris y un Rolls Royce, por valor de unos 10 millones de dólares. Los vehículos se encontraban en una enorme mansión cercana al Arco del Triunfo y aunque aún no se sabe si la casa y los coches están registrados a nombre de Obiang padre o de Obiang hijo, era Teodorín el que normalmente los conducía.
El dinero del petróleo
Guinea Ecuatorial era poco conocido en el plano internacional hasta que en 1994 la compañía norteamericana Exxon Mobil descubrió allí grandes cantidades de petróleo y de gas. Hoy, gracias a los ingresos por hidrocarburos, el país tiene un PIB per cápita de más de 34.000 dólares, lo que le sitúa por encima de Japón, Francia y España. Pero la estadística es engañosa, en realidad la desigualdad en Guinea Ecuatorial es desorbitada y la vida de los Obiang contrasta enormemente con la de la gran mayoría de sus conciudadanos.
Un 70% de los cerca de 700.000 ecuatoguineanos viven por debajo de la línea de la pobreza, establecida en unos ingresos de 1,25 dólares al día. La mayoría de la población carece de servicios como electricidad o agua corriente y, según la ONU, un 20% de los niños mueren antes de cumplir los cinco años.
En cuanto a la actitud de España hacia su excolonia, partidarios de la democracia en y fuera de Guinea Ecuatorial lamentan la falta de apoyo. “La política internacional española con respecto a Guinea se ha caracterizado, más que por el respeto a los derechos humanos, por el respeto al gas y el petróleo”, dice Adolfo Fernández, secretario de la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial, con sede en Madrid. “España sí puede exigirle al Gobierno de Guinea Ecuatorial que haga unas elecciones como dios manda, y también podría dejar de avalarlo internacionalmente”, señala Fernández.
El Gobierno de Guinea Ecuatorial no respondió a un mensaje de este diario para que contestara a estas alegaciones.
