Informes del Departamento de Estado de los EEUU, sobre Guinea Ecuatorial

Informes del Departamento de Estado sobre Guinea Ecuatorial



Derechos Humanos en Guinea Ecuatorial 2007


GUINEA ECUATORIAL

Guinea Ecuatorial, con una población estimada entre los 500.000 y el millón de habitantes, es nominalmente una republica constitucional multipartidista. Todos los poderes del estado están dominados por el Presidente Teodoro Obiang y su clan perteneciente al mayoritario grupo étnico Fang. La comunidad internacional juzgó las elecciones mas recientes, del 2002 (presidenciales) y del 2004 (parlamentarias), de estar seriamente viciadas. Las autoridades del gobierno mantuvieron generalmente un eficaz control de las fuerzas de la seguridad.

Los siguientes problemas de derechos humanos fueron reportados: la reducción del derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno; casos de abusos físicos de miembros de las fuerzas de seguridad a prisioneros y detenidos; condiciones precarias en las cárceles y penitenciarias; impunidad; detenciones e incomunicaciones arbitrarias; acoso y deportación de residentes extranjeros con pocas garantías; corrupción judicial y falta de debidas garantías; restricciones al derecho a la privacidad; restricciones a la libertad de expresión y de prensa; restricciones a los derechos a la reunión, la asociación, y la libre circulación; corrupción gubernamental; violencia y discriminación contra las mujeres; sospechas de trafico de personas; discriminación contra las minorías étnicas; restricciones a los derechos de los trabajadores.

Sección 1, Respeto por la integridad de la persona, sin estar sometido a:

a. Privación arbitraria o ilegal de la vida

El gobierno o sus agentes no cometieron ningún asesinato políticamente motivado; sin embargo, un recluso murió bajo custodia policial este año.

Según miembros del partido de la oposición Convergencia para la Democracia Social (CPDS), que testificaron durante una sesión conducida por la Comisión de Quejas del Parlamento, el día 6 de Octubre, Salvador Ndong Nguema murió, días más tarde, como resultado de unas lesiones de una tortura en una cárcel de Evinayong, (ver sección 1.c.).

No hubo desarrollos acerca del secuestro y asesinato por asaltantes desconocidos de Laesa Atanasio Bita Rope in Febrero del 2006, en Costa de Marfil. Rope era un líder del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko.

b. Desaparición

No hubo informes de desapariciones por razones políticas durante el año.

No hubo desarrollos acerca de las desapariciones a principios del 2005 de Juan Ondo Abaga, Florencio Ela Bibang, Antimo Edu Nchama, y Felipe Esono Ntutumu. Los informes apuntan a que fueron repatriados forzosamente desde Benin y Nigeria, encarcelados en Black-Beach, torturados severamente, y no se les concedió un abogado, fueron mantenidos incomunicados y sin el conocimiento de la familia. El gobierno no ha reconocido oficialmente su presencia, ni siquiera durante la visita del equipo investigador de la ONU durante el año.

c. Torturas y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

La Ley prohíbe estas prácticas; sin embargo, hubo informes de que agentes de seguridad abusaron y torturaron personas durante el año. A finales del año, cuatro miembros de las fuerzas de seguridad, incluyendo Juan Engonga (ver abajo), fueron arrestados y acusados de abusar de reclusos.

El abuso y maltrato de reclusos durante o inmediatamente después del arresto siguió siendo un problema persistente en algunas comisarías de policía. Se informaron de palizas con más frecuencia.

A finales de Septiembre, la televisión nacional emitió las sesiones de la Comisión de Quejas del Parlamento, durante las cuales miembros de CPDS criticaron al gobierno de no prevenir la tortura por parte de oficiales de policía y por permitir la impunidad de oficiales de policía envueltos en casos específicos de tortura. CPDS informó de numerosos casos en los que expusieron que las fuerzas de seguridad torturaron a personas durante el año.

El día 1 de Abril, oficiales de seguridad supuestamente arrestaron a Joaquin Okue Mba, un miembro de CPDS, y lo acusaron de complicidad con su primo en el robo de $ 5,000 (10 Millones de CFA) de la compañía China Dalian. El comisario de policía Juan Engonga, el jefe de la comisaría de Bomudi en la ciudad de Bata, región continental, torturó a Okue Mba, a quién más tarde se le pagó $ 2,500 (5 Millones de Francos) para que retirará los cargos contra la policía. Hubo fotos que confirmaban supuestamente las alegaciones de Okue Mba.

Durante su detención desde el 16 de agosto al 21, Emiliano Mbana Moyong y Alberto Mbira fueron supuestamente torturados en la comisaría de Bomudi por el Comisario Juan Engonga. Moyong y Etung, al parecer, habían discutido con el Teniente Coronel Hugo Nguema, a quien los informes claman que es hijo del Presidente Obiang.

El día 14 de Octubre, fuerzas de seguridad arrestaron a Jaime Ndong Edu, un miembro de CPDS, quien fue subsecuentemente detenido y torturado por el Subcomisario de Policía Donato Abogo Menden.

Tras las quejas respecto a la Comisaría de Bomudi, el gobierno arrestó a cuatro oficiales de policía, incluyendo el Capitán de la Comisaría. A finales del año dicho caso todavía no se había cerrado.

Extranjeros, especialmente inmigrantes ilegales de otros países africanos, siguieron sufriendo el acoso, la intimidación y los arrestos arbitrarios. La policía llevaba ocasionalmente redadas en los guetos de los inmigrantes y las detenciones resultantes dieron pie a declaraciones de un uso excesivo de la fuerza, incluido palizas.

Condiciones en las cárceles y en los centros penitenciarios

Tras importantes proyectos de construcción y renovación, las condiciones en las tres principales cárceles del país mejoraron significativamente. Informes sobre alimentación y agua y condiciones sanitarias insuficientes se redujeron notablemente. El programa del país de construcción y renovación de cárceles, que incluye cambios en la famosa cárcel de Black Beach de Malabo, fue seguido de mejoras en la habitación, vestimenta, atención médica y recreación. El uso de cadenas se restringió a casos extraordinarios.

Aparte de los casos arriba mencionados, no hubo más informes de que autoridades penitenciarias o carcelarias torturan a los reclusos. La mejora puede atribuirse, en parte, al hecho de que la ley contra la tortura lleva en vigor un año, y a un mayor acceso de las agencias de la ONU y observadores internacionales a las cárceles.

Atención médica y otros servicios para prisioneros en comisarías de las áreas locales siguieron siendo limitadas en algunos casos.

Las condiciones en los centros de detención de inmigrantes ilegales estaban por debajo de los estándares, no alcanzaban tampoco los requisitos mínimos. Los problemas mas prominentes eran pobre alimentación, estaban congestionadas y las instalaciones sanitarias inadecuadas.

Hombres y mujeres no se mantenían en instalaciones separadas, mientras, por ley, los menores de edad no podían permanecer junto a presos adultos. Los delincuentes juveniles generalmente no eran enviados a las cárceles, se les detenía por periodos cortos en instalaciones penitenciarias y luego eran mandados a casa con una amonestación.

El gobierno permitió un monitoreo independiente en las tres cárceles y en aproximadamente 12 centros penitenciarios y celdas en pequeñas localidades. Al Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, por sus siglas en inglés) le fue permitido hacer visitas periódicas a todas las cárceles y reunirse en privado con los presos. Las visitas de ICRC durante el año fueron conducidas de acuerdo a los procedimientos estándar de ICRC. A una delegación independiente de la ONU le fue concedido un acceso extenso durante el año a las cárceles, así como miembros de la prensa nacional e internacional. Visitantes extranjeros, así como prensa extranjera, pudieron visitar las prisiones.

Detención o arrestos arbitrarios

La ley prohíbe la detención y el arresto arbitrario, pero el gobierno no implementó el respeto de estas prohibiciones. Había garantías procesales nominales para la protección de los derechos de los ciudadanos, incluidas las disposiciones relacionadas con la detención y el requisito de órdenes de registro; sin embargo, las fuerzas de la seguridad frecuentemente hicieron caso omiso de estas garantías y continuaron arrestando y deteniendo a personas arbitrariamente y con impunidad. Las fuerzas de la seguridad, ocasionalmente, detuvieron a individuos sin más formalidad que “por orden de la superioridad”. A diferencia de en años anteriores, no hubo nuevos informes de que miembros del gobierno y sus socios empresariales orquestarán detenciones de competidores para conseguir ventajas comerciales, o de que disfrutarán de impunidad en tales acciones.

El papel de la policía y del aparato de la seguridad

La policía es responsable de la seguridad en los centros urbanos y la gendarmería lo es de las áreas del extrarradio, estando a cargo también de acontecimientos especiales. La policía y la gendarmería son los órganos que, bajo el mando del ministro civil de la seguridad nacional, están a cargo de la seguridad pública.

La policía estaba subfinanciada, pobremente formada y era corrupta. Las fuerzas de seguridad mantuvieron la práctica de extorsionar dinero y pedir sobornos a ciudadanos, y la impunidad seguía siendo un problema. Los mecanismos para investigar las acusaciones estaban muy poco desarrollados.

El Gobierno reconoció la necesidad de mejora profesional de la Policía y continúo un programa de formación. Un grupo privado extranjero contratado por el Gobierno formó a unos 400 oficiales de nivel medio en cuestiones profesionales, incluyendo los derechos humanos de los ciudadanos, prevención de tráfico de personas, y trato adecuado, incluyendo un uso mínimo de la fuerza con los arrestados.

Arrestos y detenciones

Las órdenes de arresto no eran requeridas, y muchas personas podían ser puestas bajo custodia solo por una orden verbal de un oficial. Un detenido tiene derecho una resolución judicial sobre la legalidad de su detención en un periodo de 72 horas tras ser arrestado, excluyendo caso de feriados y fines de semana. En la práctica, la extensión de estas detenciones era ocasionalmente larga. Aunque el recurso de la fianza y de un abogado de oficio eran disponibles tras el arresto, esto no era generalmente sabido por el público, y el sistema no operaba efectivamente en la práctica. Los abogados defensores a menudo no recibían una lista completa de las acusaciones contra sus clientes. Algunos detenidos no eran de inmediato informados de los cargos contra ellos. Visitas limitadas de los familiares estaban permitidas en todas las cárceles y prisiones.

No se guardaban fichas consistentes de los detenidos.

Los casos de las 39 personas detenidas a principios del 2005 por “crímenes contra el estado” fueron resueltos mediante procedimientos judiciales. Sin embargo, se informo de que 58 personas seguían detenidas por razones políticas. El Presidente Obiang dijo públicamente que dichos prisioneros estaban detenidos porque estaban condenados por crimines.

Arrestos y detenciones arbitrarios eran problemas serios. Autoridades locales interpelaban a inmigrantes ilegales de África del Oste para petición de papeles, detención arbitraria y deportación.

A diferencia de en años anteriores, no hubo informes de que el gobierno arrestó a miembros y dirigentes de partidos de la oposición, aunque miembros de la oposición informaron de que fueron apaleados mientras estaban detenidos.

Durante el año, miembros de la prensa extranjera y otros visitaron a los cuatro sudafricanos convictos por el intento de golpe de estado del 2004. Las condiciones de su reclusión habían mejorado desde años anteriores; no estaban obligados a estar encadenados.

Un 80 por ciento estimado de los encarcelados no había sido juzgado. Procedimientos judiciales ineficientes, corrupción, falta de monitoreo, y un personal inadecuado contribuyeron al problema.

Denegación de un juicio público imparcial

La constitución y la ley prevén un poder judicial independiente; sin embargo, en la práctica, el gobierno no respeta esta disposición. Todas los ramas de poder están dominadas por el ejecutivo. Los jueces sirven a gusto del presidente, que los nombra, transfiere y despide ya sea por razones políticas o por capacidad. La corrupción judicial fue ampliamente reportada, y algunos casos se resolvían por razones políticas.

Como parte del esfuerzo de reforma judicial en curso, durante el 2006 el gobierno, por primera vez en su historia, codificó las leyes y las divulgó.

El sistema judicial nacional se compone de cortes provinciales, de dos cortes de apelación, de un tribunal militar, y del Tribunal Supremo. El presidente designa a los miembros del Tribunal Supremo, estos, según se informa, recibe instrucciones de él. El Consejo Superior del Poder Judicial nombra y controla a los jueces. El Presidente Obiang es el presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y su vice-presidente es el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Procedimientos Judiciales

Muchos juicios por crímenes ordinarios son públicos, pero no utilizan jurados. La ley seguía estando ampliamente basada en el sistema que existía durante el momento de la independencia en la España de Franco. Los demandados tienen el derecho a estar presentes durante sus juicios pero raramente se les permite consultar puntualmente con los abogados. Un acusado que no puede permitirse a su propio abogado, tiene el derecho a pedir uno de oficio designado por el gobierno; sin embargo, a los acusados no se les informaba a menudo de este derecho. El Colegio de Abogados se ofrecía para defender a los indigentes. Los demandados pueden interrogar directamente a los testigos, y pueden presentar sus propios testigos y pruebas, aunque en la práctica este recurso se utiliza muy poco. Existe un acceso limitado a las pruebas. Por ley, el acusado disfruta de la presunción de inocencia y el derecho a apelar; sin embargo, el recurso legal de la apelación se permite muy poco en la práctica. Por ley, los derechos antes mencionados son extensibles a todas las personas. La experiencia en la defensa es limitada, y fue divulgado que los abogados defensores no representan necesariamente los deseos de la persona que es defendida.

El código de Justicia Militar dice que aquel que desobedece a una autoridad militar, o comete un acto considerado “crimen contra el estado,” será juzgado por un tribunal militar, sin las debidas diligencias o garantías procesales, dando igual si el acusado es militar o civil. Algunos casos militares eran esencialmente de naturaleza política. Un demandado puede ser juzgado sin que este presente; y la defensa no tiene asegurada el derecho de interrogar a los acusadores. Los juicios militares no son públicos.

Los jefes de consejos de poblado juzgaron casos civiles y materias criminales de menor importancia en las cortes tradicionales de los poblados.

Presos políticos

Hasta finales de año, unos 58 “presos de conciencia” o presos políticos, permanecían detenidos, como mínimo cuatro de ellos no habían sido juzgados; otros habían sido condenados por “crímenes contra el estado”, sin una representación adecuada. El derecho a apelar era raramente ejercido y cuando se daba el caso era más raro aun que se triunfara. Todos esos presos eran miembros de partidos de la oposición o personas que el gobierno acusaba de estar involucrados en intentos de golpes de estado. El acceso a estos presos aumentó notablemente durante el año.

En agosto Diego Ekua, un preso político, arrestado en el 2003 murió poco después de haber sido liberado de la prisión. Se puso enfermo estando en la prisión y fue entregado a sus familiares cuando la enfermedad se volvió crítica.

Procedimientos judiciales y remedios

Los casos pueden ser resueltos fuera de las cortes pero no hay procedimiento de arbitraje o mediación conocido oficialmente. Los litigios civiles raramente eran llevados a juicio, aparentemente por la falta de confianza en la existencia de juicios justos y la poca transparencia.

Injerencia arbitraria en la vida privada, la familia, el hogar o la correspondencia.

La constitución y la ley prohíben tales acciones, pero, en la práctica, el gobierno no respeta estas prohibiciones. Las fuerzas de la seguridad allanaron moradas y arrestaron disidentes sospechosos, criminales, residentes extranjeros, y otros, a menudo sin órdenes judiciales, y confiscaron sus propiedades con impunidad.

Los informantes siguieron los pasos de miembros de la oposición, ONGs, periodistas y diplomáticos extranjeros. La mayoría de los residentes y periodistas creían que las llamadas telefónicas y el acceso a Internet estaban pinchados.
El gobierno presionó a funcionarios públicos para que se afiliaran al gobernante Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE). Se reportó que había deducciones salariales automáticas destinadas al PDGE fueran los funcionarios miembros del PDGE o no. Los miembros de partidos de la oposición fueron discriminados en las oportunidades laborables, en la retención del empleo, en la obtención de becas y licencias empresariales. Una compañía que contrataba alguien que estuviera en la lista negra debía despedir a dicha persona o enfrentarse a amenazas de cierre.

La ley provee la restitución o compensación de las propiedades privadas confiscadas, pero en la práctica las personas desalojadas de sus hogares o tierras recibían una compensación insuficiente, si no ninguna. El código civil dice que todas las tierras pertenecen en última instancia al estado, luego el gobierno puede tomar posesión cuando determina que es en “interés del estado”. Los particulares pueden tener títulos de propiedad de tierras, pero el estado tiene un absoluto dominio acreditado. El gobierno ofreció pagos a los que pudieron presentar títulos de propiedad o facturas de los gastos en los que habían incurrido durante la compra o en la construcción. En algunos casos no existían títulos escritos, aunque la tierra hubiera estado en las manos de la familia durante generaciones.
Los casos de zonas marginales desalojadas se redujeron significativamente, y el gobierno acometió una campaña multimillonaria (en dólares) para construir viviendas de bajo coste. En los pocos casos de demoliciones de áreas marginales durante el 2007, miembros del gobierno organizaron reuniones comunitarias para discutir acciones y medios propuestos para la compensación. Los residentes más afectados fueron los “ocupas”, y las zonas marginales fueron reemplazadas, en al menos dos casos, por viviendas sociales de bajo costo para los desplazados. Referente a las restituciones, aquellos que pudieron acreditar títulos de propiedad, recibieron generalmente un pago justo. Para los que habían construido en tierras que no eran de su propiedad, el gobierno pago restituciones iguales a la cuantía de los gastos documentados.

Sin embargo, en muchos de los numerosos casos de desplazamientos del 2006, muchas cuestiones no resueltas persistían a pesar de los programas en curso del gobierno para encarar estas cuestiones. Según Amnistía Internacional, a principios del 2007, el gobierno normalmente no permitió las consultas con las comunidades afectadas, proveía poca o ninguna información, y no permitió el derecho a apelar el desalojo. Cientos de casas y negocios fueron destruidos en el 2006; muchas eran estructuras sólidas en vecindarios bien establecidos, y los residentes no tenían dinero ni ningún otro lugar en el que relocalizarse. Por ejemplo, más de 600 personas se convirtieron en sin-hogar en el barrio de Atepa de Malabo en julio del 2006, cuando el gobierno desalojo el barrio sin avisar. Los siguientes días, fueron demolidas de forma similar casas en el barrio Cameremy de Malabo. En ambos casos, supuestamente los militares maltrataron a los vecinos que protestaron.

Sección 2, Respeto por libertades civiles, incluyendo:

a. Libertad de expresión y de prensa.

La constitución y la ley prevén la libertad de expresión y de la prensa; sin embargo, el gobierno limitó estos derechos en la práctica. Durante el año, algunos periodistas cubrieron temas considerados anteriormente intocables, pero los escasos medios de comunicación seguían estando bajo el control del gobierno; y los periodistas practicaron la auto-censura.

La ley autoriza la censura del gobierno de todas las publicaciones. Ocho periódicos con grados diferentes de implicación gubernamental eran publicados irregularmente. La prensa internacional o revistas de información no podían venderse o distribuirse sin el permiso del gobierno. Las publicaciones políticas del partido de la oposición no se podían distribuir al público en general. No existían kioscos de noticias, y las únicas librerías eran las de las congregaciones religiosas. Empezar una nueva publicación requería un complicado proceso regido por una ambigua ley y a menudo inhibido por la burocracia.

Los medios internacionales no intentaron operar en el país; solamente una agencia de noticias internacional tenía un representante regular presente en el país. A diferencia del pasado, no había casos conocidos de periodistas extranjeros deportados o acosados directamente durante el año.

El primogénito del presidente poseía la única emisora privada del país. Aumentó la disponibilidad de la televisión por satélite. Los canales extranjeros no eran censurados.

Medios de comunicación electrónicos internacionales se podían captar e incluían Radio Francia, que emitía desde Malabo, BBC y la Radio Exterior, el servicio internacional de onda corta de España.

El gobierno daba generalmente poco acceso a los medios de comunicación locales, pero durante el año, a la oposición le fue permitida participar en los debates legislativos, debates televisivos y encuentros con el presidente. A finales de septiembre, la televisión retransmitió las sesiones parlamentarias en las que miembros de CPDS criticaron al gobierno por su empleo de la tortura.

Libertad de Internet

No había restricciones del gobierno en el acceso al Internet o informes fiables de que el gobierno tuviera pinchados los correos electrónicos o los chats de Internet. Los residentes, sin embargo, creían que el gobierno tenía pinchado el acceso a Internet, incluyendo los correos electrónicos, a través de la compañía paraestatal de telefonía o de la conexión inalámbrica. La mayoría de la crítica contra el gobierno vino de la comunidad de guineanos en el exilio, y el Internet había substituido a los medios de comunicación ordinarios como el primer canal en el que los puntos de vista de la oposición eran expresados y diseminados. Las paginas webs de ciudadanos en el exilio no fueron bloqueadas. El uso del Internet creció, pero el coste era prohibitivo para algunos de los ciudadanos. Aun así, las docenas de Internet Café que existían en Malabo y Bata estaban siempre abarrotados de clientes.

Libertad de cátedra y acontecimientos culturales

No hubo restricciones oficiales a la libertad académica o a acontecimientos culturales; sin embargo, en los últimos años, algunos profesionales cualificados habían sido despedidos de posiciones de enseñanza debido a su afiliación política o por los informes al gobierno de personas que habían asistido a sus clases. Por lo tanto, la mayoría de los profesores practicaron la auto-censura. De forma poco frecuente ocurrieron eventos culturales, y todos requirieron la aprobación del ministerio de información, cultura, y turismo.

b. Libertad de reunión y de asociación pacífica

Libertad de reunión

La constitución y la ley prevén el derecho de reunión; sin embargo, el gobierno restringe este derecho. La autorización del gobierno tiene que ser obtenida para reuniones privadas de más de 10 personas en una casa. Aunque el gobierno suprimió formalmente los requisitos del permiso para las reuniones políticas del partido dentro de edificios del partido, se esperaba que en la práctica los partidos de la oposición informaran a autoridades si deseaban llevar a cabo reuniones de cualquier naturaleza, sin importar la localización. El gobierno requería ser notificado por acontecimientos públicos tales como reuniones o manifestaciones. A diferencia de años anteriores, no hubo incidentes de detenciones o apaleamientos de activistas de partidos de la oposición.

Libertad de asociación La constitución y la ley prevén la libertad de asociación, pero el gobierno restringe este derecho en la práctica. La ley establece qué tipos de ONGs pueden registrarse, y las asociaciones de derechos humanos fueron añadidas a esta lista en enero de 2005; desde que la ley fue aprobada, se han registrado ONGs de derechos humanos para temas de la tercera edad, VIH/Sida, conservación, y medio ambiente. La ley prohíbe la formación de partidos políticos de carácter étnico y las coaliciones entre partidos; sin embargo, seis grupos de la oposición continuaron siendo parte de una coalición, que durante el año se alió con el partido dominante. A diferencia de años anteriores, los miembros del partido de la oposición pudieron llevar a cabo sus reuniones públicas con pocas interferencias del partido gobernante.

c. Libertad de Religión

La constitución y la ley prevén libertad de religión, y el gobierno generalmente respeta este derecho; a diferencia de años anteriores, no hubo ningún informe de de que las celebraciones religiosas fueran

monitoreadas por el gobierno.

Debido a las raíces tradicionales y a la influencia histórica en la vida social y cultural, la ley da preferencia oficial a la Iglesia católica y a la Iglesia Reformada de Guinea Ecuatorial. La confesión católica es normalmente parte de cualquier función o día festivo nacional. Las escuelas católicas asentadas reciben, por parte del estado, las mismas ventajas que las escuelas públicas.

Una organización religiosa para poder operar debe registrarse formalmente en el ministerio de justicia, culto e instituciones penitenciarias. Nuevas confesiones se registraban regularmente; por ejemplo, un templo Baha’i fue establecido durante el año. La aprobación puede tomar varios años, debido sobre todo a la lentitud burocrática más que a cuestiones políticas; sin embargo, la carencia de los procedimientos claros de registro podía ser utilizada contra una iglesia cuando a una figura política no le gustaba su principal dirigente o algún miembro de esta congregación. Las religiones africanas tradicionales eran practicadas en privado, incluso por muchos que profesaban otras religiones.

La religión, generalmente pero no exclusivamente católica, era una asignatura en escuelas públicas y en escuelas parroquiales.

Abusos y discriminación social

De vez en cuando, los no católicos se enfrentaron a discriminaciones en la inscripción en las escuelas o en la expresión de sus creencias en las clases de religión.

La comunidad judía era muy pequeña, y no hubo informes de actos antisemíticos.

Para una discusión más detallada, vea el Informe - Internacional de la Libertad de Religión de 2007 [EEUU Departamento de Estado].

d. Libertad de movimiento, desplazados internos, protección de refugiados y personas apátridas.

La ley prevé libertad de movimiento dentro del país, viajes al extranjero, emigración y repatriación; sin embargo, el gobierno limitó estos derechos en la práctica.

La policía en las barreras chequeó de forma rutinaria a los ciudadanos, los acosó y los extorsionó pequeñas cantidades. El gobierno justificó las barreras como controles para frenar la inmigración ilegal, actividades mercenarias, o intentos de golpe de estado. Sin embargo, de forma efectiva, las barreras restringieron la libertad de movimiento de todos los viajeros.

A diferencia de años anteriores, no hubo informes creíbles de acoso o intimidación de militares a miembros de la etnia Bubi en la isla de Bioko.

La ley prohíbe exilios forzosos, internos o externos; y el gobierno efectivamente respetó este derecho. A diferencia de años anteriores, no hubo ningún informe de un exilio forzado durante el año.

Ciudadanos viajando o viviendo en otros países, ocasionalmente informaron de los movimientos y actividades de sus conciudadanos o extranjeros, y podían ser compensados por estos informes.

Protección de refugiados

La ley prevé la concesión del estatuto de asilado y refugiado de acuerdo con la convención de la ONU de 1951 referente al estatuto de refugiados y al protocolo de 1967; sin embargo, el gobierno no ha establecido un sistema para proporcionar protección a los refugiados. En la práctica, el gobierno proporcionó una cierta protección contra el refoulement, la devolución forzada de personas a un país en el que tienen miedo de persecución. El gobierno también proporcionó protección temporal a individuos que pueden no calificar como refugiados bajo la convención 1951 y el protocolo 1967.

No ha habido casos recientes de cooperación entre el gobierno y ACNUR u otras organizaciones humanitarias en asistir a refugiados y a solicitantes de asilo. No había una oficina local de ACNUR.

Sección 3, Respeto por los derechos políticos; el derecho de los ciudadanos a cambio de gobierno

La constitución y la ley proveen a los ciudadanos el derecho a cambiar de forma pacífica su gobierno; sin embargo, no ha habido elecciones libres, justas y transparentes desde la independencia.

Elecciones y participación política

El país obtuvo la independencia de España en 1968, y en 1979 los militares, conducidos por el entonces Teniente Coronel Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, derrocaron al primer presidente, después de años de un gobierno cruel y desastroso. En 1989, como candidato único, Obiang fue elegido para un término de siete años y ha permanecido en el poder desde entonces. En 1986 Obiang fundó el PDGE, que fue durante años el único partido legal, que consiguió una dominación abrumadora antes de que otros partidos fueran permitidos. El partido gobierna con la concurrencia de una alianza oligárquica basada en alianzas clánicas y étnicas. No hay una limitación de mandatos presidenciales.

La comunidad internacional criticó las elecciones parlamentarias más recientes, las del 2004, como seriamente defectuosas. Los candidatos de la oposición estaban sujetos al hostigamiento, a la detención arbitraria, se les restringían los movimientos y el acceso a los medios de comunicación era desigual. Todos los acontecimientos del estado fueron publicitados en conexión con el PDGE. Debido a la cuasi-obligatoria recaudación de aportaciones y de otras contribuciones, el partido dominante disfrutaba de una financiación enormemente desproporcionada, incluyendo los donativos para los votantes potenciales.

El presidente acumulaba muchos poderes como jefe de estado, comandante de las fuerzas armadas, y fundador y jefe del partido dominante. En general, las posiciones claves del gobierno estaban restringidas a miembros del partido dominante y a los de la “oposición leal”. Puesto que el partido gobernante dominaba de forma aplastante las comisiones establecidas para examinar las prácticas electorales y para recomendar reformas, no se realizó cambio alguno. El ministro del interior actuaba como presidente de la comisión electoral nacional. No existió una comisión electoral independiente.

El proceso para registrar un partido político no era transparente. Algunos partidos políticos, populares antes de la ley de 1992 que fijó el procedimiento de legalización de los partidos, permanecieron prohibidos, generalmente bajo la excusa de “fomentar el terrorismo” o de estar relacionados con intentos derrocar el gobierno.

Había 13 partidos políticos registrados, 12 de los cuales el gobierno llamaba “partidos de la oposición”; sin embargo, seis de éstos se alinearon con el PDGE, y otros (por ejemplo el CPDS) eran llamados oposición “radical”, lo que venía a significar que se confrontaban y podrían votar contra los deseos del presidente. El gobierno afirmaba que estos supuestos partidos de oposición eran el ejemplo de que existía una democracia multipartidista en el país; sin embargo, el gobierno inhibió debates verdaderos entre los partidos y la crítica pública de las políticas del gobierno y las prácticas, excepto dentro del parlamento.

De 100 miembros en el parlamento, había 20 mujeres, y seis mujeres, incluyendo dos ministros (de trabajo y promoción de la mujer), en el gabinete del ejecutivo.

El gobierno no hizo evidentes los límites de participación de las minorías en política; sin embargo, el casi monopolio del poder económico y político del grupo étnico Fang, particularmente los del subclan de Mongomo, continúo. De los 59 miembros que ostentaban las carteras y subcarteras de gabinete del ejecutivo, 49 eran Fang, siete eran Bubi, dos eran Bisio y uno era Ndowe.

Corrupción y transparencia del gobierno

Según los indicadores de Gobernabilidad Global del Banco Mundial, la corrupción era un severo problema.

Los oficiales del gobierno deben por ley declarar sus posesiones, pero no hubo ningún informe de que se cumpliera. No había requisitos para un oficial del gobierno de mantenerse apartados de intereses comerciales que estaban en áreas supervisadas por su agencia. Cuando esto ostensiblemente sucedía, bajo presión internacional, la separación era simplemente una fachada; otro miembro de la familia o un asociado se hacia nominalmente; o se formaba una grupo empresarial que falsamente parecía no tener conexión con el oficial.

En septiembre del 2006 el primer ministro creó una línea telefónica, supuestamente para ser utilizada por las compañías petroleras en caso de que tuvieran evidencias de corrupción o se sintieran inducidos en cuestiones que juzgaban como corrupción. Se informó que la línea fue utilizada unas cuantas veces. El número de investigaciones formales que podrían haber resultado era desconocido.

Durante el año, el gobierno hizo algunos progresos respecto los objetivos de transparencia requeridos para formar parte la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), una iniciativa multinacional para apoyar la transparencia y la rendición de cuentas en las industrias extractivas. El gobierno promulgó un decreto ratificando la participación de la sociedad civil en el proceso EITI, y condujo varios encuentros con ONGs y representantes de la industria petrolera. El gobierno estableció un coordinador nacional de EITI. A finales del año, el gobierno continuaba manteniendo su candidatura como un miembro pleno de EITI.

La ley no provee un acceso público a la información gubernamental, y ciudadanos y no ciudadanos, incluyendo prensa extranjera, eran generalmente incapaces de acceder a la información del gobierno. Una falta de organización de fichas de información, archivos y bibliotecas públicas también limitaba el acceso. Sin embargo, oficiales del gobierno fueron más informativos durante el curso del año; por ejemplo, utilizando eventos públicos televisados para ofrecer facturaciones impositivas e ingresos, así como gastos.

Sección 4, Actitud del Gobierno respecto a las investigaciones internacionales y no gubernamentales de presuntas violaciones de derechos humanos

Existían pocas ONGs locales de derechos humanos. La ley restringe las ONGs e identifica las áreas específicas en las cuales pueden funcionar; los derechos humanos fueron añadidos a la lista en enero de 2005 para el tipo de ONGs que podrían crearse.

La principal organización con una cierta responsabilidad en el ámbito de los derechos humanos, la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH), estaba controlada por el gobierno y padecía serios problemas de financiación, de personal y limitaciones institucionales. No investigó quejas de derechos humanos ni guardó estadísticas sobre estas. El presidente designaba a miembros del CNDH.

El Centro para los Derechos Humanos y la Democracia, aunque organizado como entidad cuasi independiente, no disponía de ninguna fuente independiente de financiación ni demás autoridad que la que le concedía el gobierno. Recibió un apoyo mínimo y a finales del 2005 perdió su local de trabajo y volvió a ubicarse en el recinto del ministerio de justicia. Su papel había sido sobre todo de defensa y sensibilización al público, no de investigación o divulgación de violaciones de derechos humanos.

Ni el CNDH ni el Centro para los Derechos Humanos y la Democracia eran considerados eficaces. Sus mandatos no estaban claros, salvo que el centro preparaba el informe anual para el alto comisario de la O.N.U. para los derechos humanos que se presenta en Ginebra y que organizó durante el año numerosos talleres sobre derechos humanos y trata de personas.

No hay ONGs internacionales de derechos humanos residentes en el país. A diferencia de años anteriores, no hubo informes de que representantes de ONGs visitantes tenían los movimientos o las comunicaciones controlados.

Sección 5, Discriminación, abusos sociales y tráfico de personas

La constitución y la ley prohíben la discriminación basada en la raza, el género, la religión, la minusvalía, la lengua, o la clase social; sin embargo, el gobierno no hizo cumplir estas provisiones con eficacia. La violencia y la discriminación contra las mujeres, trata de personas, la discriminación contra minorías étnicas, y la discriminación contra víctimas de HIV/AIDS eran problemas.

Durante el año el gobierno efectuó campañas públicas para combatir el trabajo infantil y la discriminación y violencia contra las mujeres y las personas con HIV/AIDS. La discriminación más evidente era la que tenía que ver con la pertenencia étnica y la afiliación política.

Mujeres

La violación es ilegal, pero la violación de la esposa no se especifica en la ley. El gobierno no hizo cumplir la ley con eficacia. Divulgar haber sido violada era una vergüenza para las familias implicadas. El número de casos procesados durante el año no era sabido.

La violencia contra las mujeres, incluyendo el abuso del esposo, es ilegal, pero el gobierno no hace cumplir la ley con eficacia. Junto con organizaciones internacionales, el gobierno condujo campañas públicas de sensibilización sobre los derechos de la mujer y la violencia doméstica. El abuso a las esposas es ilegal; sin embargo, la violencia dentro de la casa siguió siendo un problema. La policía y la judicatura eran renuentes a procesar casos domésticos de violencia; sin embargo, durante al año las campañas de sensibilización se intensificaron para aumentar la conciencia acerca de este asunto. La esposa del presidente jugó un papel de liderazgo en estos esfuerzos. También, el gobierno programó una construcción de un hogar de acogida en Malabo y otro en Bata para las victimas en el 2008.

La prostitución es ilegal. Durante la segunda mitad del año, el gobierno inició una gran ofensiva contra la prostitución, como parte del esfuerzo de mejorar su desempeño respecto a la trata de personas. Muchas prostitutas fueron detenidas, y numerosos bares y locales en los que se practicaba la prostitución fueron cerrados y multados. Se impuso un toque de queda para abortar tales actividades, y no se permitía a los menores deambular por las noches a no ser que fuera bajo supervisión de un progenitor.

El acoso sexual no era ilegal, y su incidencia en la sociedad era desconocida. No se supo de un caso de acoso sexual llevado a los tribunales.

La ley prevé derechos iguales para mujeres y hombres, incluyendo los derechos bajo la ley de la familia, ley de la propiedad, y en el sistema judicial; sin embargo, los derechos de las mujeres fueron limitados.

Un fondo de desarrollo extranjero, como parte de su programa para apoyar a sociedad civil, dedicó uno de sus foros a los derechos de mujeres. Las cuestiones que dominaron el foro fueron la poliginia y las actitudes tradicionales que hacen vulnerables a las mujeres. La poliginia, que era extensa, contribuyó a hacer de las mujeres unas ciudadanas de segunda clase y limitaba sus oportunidades educativas.

En las áreas rurales, las mujeres eran ampliamente confinadas por la custodia de los roles tradicionales, particularmente en agricultura. Las mujeres algunas veces experimentaban discriminación en el acceso al empleo, el crédito y salarios por el mismo trabajo, y en la propiedad y gestión de los negocios. A pesar de ello, el número de exitosas mujeres empresarias continúo aumentando durante el año.

Niños

Aumentó el compromiso del gobierno con los derechos y el bienestar de los niños. El gobierno inició una campaña nacional de vacunación durante el año y condujo numerosas campañas públicas para concienciar sobre la importancia de la educación, la sanidad y los derechos de los niños. La primera dama estableció una fundación de mujeres y niños y participó activamente en estas campañas.

Por ley, la educación es obligatoria, gratuita, y universal en la escuela primaria, y la inmensa mayoría de los niños iban a la escuela, al menos en el tramo de la educación primaria. Las familias esperaban generalmente que los hijos completaran los siete años de educación secundaria o que concluyeran unos estudios vocacionales después de la educación primaria. Para muchas muchachas en las áreas rurales, el embarazo o la necesidad de ayudar económicamente en casa hacen que alcancen niveles de formación menores que los hombres.

En Septiembre del 2006, en cooperación con una compañía de industria extractiva, el gobierno empezó a elaborar un programa para formar a profesores; se identificó una ONG extranjera para implementar los programas, se ubicaron a expertos en Malabo y Bata y material educativo importado. Bajo el programa, cada una de las partes se comprometía a contribuir con 20 millones de dólares americanos (10 billones de Cfas) al programa durante un periodo de cinco años; los proyectos iban a empezar a implementarse a partir de enero del 2008.

Niños y niñas tenían el mismo acceso al sistema sanitario estatal.

El abuso de menores de edad es ilegal; sin embargo, el gobierno no hace cumplir la ley con eficacia, y el abuso de menores sucedió. El castigo físico es un método culturalmente aceptado de disciplina. No se divulgó enjuiciamiento alguno por un abuso de menores.

No había estadísticas sobre prostitución infantil y había pocas evidencias de que existiera.

Trata de personas

La ley prohíbe el tráfico de personas; sin embargo, se sospechó que algunas personas fueron traficadas través del país y hacia el país. No había información fiable del numero de víctimas de trata, pero evidencias anecdóticas indicaban el número de casos era pequeño. El país era un posible punto de transito y de destino de personas traficadas, incluidos niños.

Niños, principalmente de Benin y Nigeria, eran traficados para los sectores comerciales del mercado de Malabo y Bata. No obstante, los oficiales del gobierno tomaron medidas para suprimir los incentivos económicos de la trata prohibiendo que los menores pudieran trabajar en mercados u otros sectores. Quedaban pocas evidencias de trata de menores para propósitos sexuales o laborales.

En el pasado, el país era punto de destino y de transito para niñas y niños traficados, principalmente de Camerún, Benin y Nigeria. Las mujeres eran traficadas para explotación sexual, especialmente para Malabo. Se reportó que algunas nigerianas fueron traficadas hacia España para ejercer la prostitución.

En el pasado, los traficantes cruzaban las fronteras con documentación falsa, con niños que falsamente clamaban que eran de ellos. Sin embargo, la eliminación de los incentivos económicos para tales actividades parece haber sido efectiva en reducir los casos de trata.

El Gobierno cooperó con otros gobiernos y organizaciones internacionales y ONGs para ayudar a las víctimas de la trata y asistió a su repatriación.

El ministerio de justicia era responsable de combatir la trata de personas, y el ministro de justicia era presidente de una comisión inter-ministerial sobre tráfico ilegal de inmigrantes y trata de personas.

Las penas por trata de personas con fines de explotación sexual u otro tipo de explotación eran el encarcelamiento de 10 a 15 años y una multa no inferior a aproximadamente unos $100.000 (50 millones de francos del CFA). Durante el año no se reportó ni un caso enjuiciamiento por trata de personas.

El gobierno proporcionó escasa protección o ayuda a las víctimas o a los testigos. Se esperaba que las embajadas de los países de origen de las víctimas, si estaban en el país, cuidarán de las víctimas hasta que estas fueran repatriadas a sus países de origen. Había pocas ONGs en el país para asistir a víctimas. Las únicas víctimas identificadas fueron repatriadas.

El gobierno, con el Plan Nacional de Acción de Lucha contra la Trata de Personas y Trabajo infantil, financió un programa para concienciar al público contra estas prácticas, para asistir a víctimas, y para castigar a delincuentes.

Personas con discapacidades

La ley no brinda protección a las personas discapacitadas contra la discriminación en el empleo, educación o la prestación de otros servicios estatales, tampoco hay un mandato legal de construir rampas en edificios para personas con discapacidades.

Los servicios educativos para personas física o mentalmente discapacitadas eran mínimos. Por lo general, si no en todos los casos, estos servicios son proporcionados por las iglesias o las ONGs. Sin embargo, la escuela para sordos, dirigida por la Cruz Roja Local, fue juzgada por ICRC como la mejor en la región. El país también proveyó cuidados a los discapacitados mentales en la escuela, de dos años de antigüedad, Virgen Madre Maria de África. No obstante, había una discriminación social para estas personas.

El ministerio de educación y el de sanidad son los responsables principales de proteger los derechos de las personas con discapacidades. Algunos anuncios sobre la protección de los derechos de los discapacitados eran difundidos por los medios de comunicación.

Minorías nacionales, raciales y étnicas

La discriminación contra las minorías étnicas o raciales es ilegal; sin embargo, discriminación social, acoso de las fuerzas se seguridad y marginación política de las minorías eran un problema. El número de inmigrantes ilegales de Nigeria, Ghana, Camerún, Malí, Togo y otros países africanos creció durante el año, a pesar de los intentos de la policía de aplicar las leyes de inmigración. Trabajadores de África de Oeste y de todas partes eran atraídos por el país por su economía pujante estimulada por la industria petrolera.

Las diferencias entre los subclanes Fang, especialmente el resentimiento por la dominación política de subclan de Mongomo, eran también fuentes de tensión política. En la práctica algunos miembros de minorías étnicas, particularmente del grupo étnico de bubi, hicieron frente a la discriminación, especialmente cuando no eran miembros del partido dominante.

Otros abusos sociales y discriminación

La discriminación social contra homosexuales era fuerte, y el gobierno no hacía ningún esfuerzo de combatirlo.

Las personas con VIH/Sida continuaron siendo víctimas de la discriminación social y a menudo mantuvieron sus enfermedades ocultadas, a pesar de las campañas de radio y las declaraciones públicas que abogaban por la no discriminación hacia personas con VIH/Sida. El gobierno promulgó un decreto que prevé la prueba libre y el tratamiento de VIH/Sida, y apoyó campañas públicas para aumentar la concienciación.

Sección 6, Derechos del trabajador

a. El derecho a la asociación

La ley permite que los trabajadores constituyan sindicatos y se afilien a sindicatos de su elección sin previa autorización ni requisitos excesivos; no obstante, en la práctica, pone obstáculos prácticos a los grupos que desean asociarse. Muy a menudo, aquellos que querían asociarse eran cooptados por las estructuras del partido mediante presiones e incentivos. La Organización Sindical de Pequeños Agricultores (OSPA) continuaba siendo el único sindicato obrero legalmente reconocido del país.

Según la Confederación

Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, las autoridades seguían negándose a registrar a la Organización Sindical de Guinea Ecuatorial. La ley estipula que un sindicato debe tener como mínimo 50 miembros de un lugar de trabajo específico para registrarse; esta norma impedía la constitución de un sindicato. Las autoridades se negaban a legalizar la organización sindical del sector público, los Servicios Sindicalizados Independientes, a pesar de que había cumplido los requisitos de la ley.

No había ley que prohibiera la discriminación anti-sindicato y no hubo informes de esto ocurriera.

b. El derecho a sindicarse y establecer convenios colectivos

La ley permite que las organizaciones sindicales lleven a cabo sus actividades sin injerencia, pero en la práctica, el gobierno no protegía este derecho. A los trabajadores se les prohibía declararse en huelga. En ocasiones raras los trabajadores se juntaron en protestas temporales o “huelgas temporales intermitentes” (ralentizar el ritmo del trabajo y planificar ausencias).

El gobierno y los empleadores estipulan los salarios con nula o poca participación de los trabajadores, aunque la explosión del mercado ha conducido a que los salarios sean de los más altos de la región. No hubo ningún informe de una negociación colectiva. Los trabajadores despedidos podían apelar al ministerio, primero a través de la delegación regional; sin embargo, había muy poca confianza en la rectitud del sistema. Los ciudadanos tenían el derecho a apelar las decisiones del ministerio de trabajo en una comisión especial del parlamento establecida para escuchar las quejas de los ciudadanos hacia las decisiones de las agencias del gobierno.

Los trabajadores raramente ejercían su derecho a la huelga porque temían perder sus trabajos y dañarse posiblemente a sí mismos o a sus familias.

No había zonas de procesamiento de exportaciones.

c. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe el trabajo forzoso u obligado y la esclavitud, incluyendo de menores; No hubo informes de que tales prácticas ocurrieron.

d. Prohibición del trabajo de menores y edad mínima para trabajar

Aunque no hay leyes integrales contra la explotación infantil, en la práctica una serie de decretos y resoluciones forman las bases de la acción del gobierno. La ley del 2004 contra la trata prevé que la persona encontrada culpable de forzar ilegalmente a un menos a trabajar será castigado con una multa entre 100 y 500 dólares americanos (de 50,000 a 250,000 Cfas); sin embargo, el trabajo infantil a veces ocurría, generalmente en la venta de pequeños objetos en el mercado o en las calles. La radio informó que algunos padres se habían visto obligados a pagar esas multas como ejemplo.

La edad mínima legal para el empleo es de 14 años. En muchos de los casos los niños también iban a la escuela, las muchachas iban a la escuela primaria y los chicos estaban en el nivel medio. El empleo de menores en la venta callejera, lavado de coches, o en barras y restaurantes está prohibido.

El ministerio del trabajo era el responsable de hacer cumplir las leyes sobre trabajo de menores; sin embargo, no lo hizo con eficacia.

e. Condiciones aceptables del trabajo

La aplicación de leyes de trabajo y de acuerdos de trabajo internacionales ratificados no era eficaz, lo que empobrecía las condiciones laborales. Las medidas de seguridad, por ejemplo, no se hacían cumplir. La mayoría de las compañías petroleras, por otra parte, excedieron los estándares internacionales de seguridad.

Por ley los empleadores deben pagar el salario mínimo fijado por el gobierno. Los salarios mínimos del país son fijados por estatutos y varían de sector a sector. Los salarios mínimos fueron fijados por estatutos para todos los sectores de la economía formal; sin embargo, el salario mínimo no proporcionaba un estándar decente de vida para un trabajador y su familia en Malabo o Bata. En el resto del país, el salario mínimo proporcionaba una renta como mínimo adecuada. Muchas compañías de sectores formales pagaron más de lo que estipulaba la ley de salario mínimo, pero no cubrían a todos los trabajadores (granjeros, etc.). Por ley, los trabajadores de la industria de hidrocarburos recibían una remuneración muchas veces superior a la de los otros sectores, lo que creaba inflación y perjudicaba a los que trabajan en otros sectores. El ministerio del trabajo es responsable de hacer cumplir el salario mínimo.

La ley prevé una semana laboral estándar de 35 horas y un período de descanso de 48 horas, que por lo general se observaba en la práctica en la economía formal. Se hacían excepciones por determinados empleos, como los relacionados con el trabajo en el sector petrolero fuera de la costa. Se requiere el pago de horas extras pero de hecho, este requisito no se hacía cumplir.

La ley prevé la protección total de los trabajadores contra los riesgos del oficio; no obstante, el gobierno no hacía cumplir esta disposición en la práctica. El gobierno contaba con un número insuficiente de inspectores de trabajo para supervisar la industria. La ley no brinda a los trabajadores el derecho a retirarse de situaciones que perjudiquen la salud o la seguridad sin hacer peligrar su empleo ininterrumpido.