AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE A
RAJOY EN SU VISITA A GUINEA ECUATORIAL QUE SOLUCIONES LAS TORTURAS, PENA DE
MUERTE Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN QUE SE PADECE EN ESE PAÍS.
Jessica Púa Castillo:
Amnistía Internacional se ha
dirigido por carta al presidente del gobierno español para proponerle una
agenda de derechos humanos ante la inminente visita que realizará a Guinea
Ecuatorial para asistir a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la
Unión Africana, que se celebra esta semana en Malabo. “La última vez que un
presidente español visitó Guinea Ecuatorial fue en noviembre de 1991. Esta es
una oportunidad histórica para poner de manifestó qué ocurre en materia de
derechos humanos en Guinea Ecuatorial y para conseguir resultados a corto
plazo. Amnistía Internacional siempre ha defendido que los derechos humanos
deben figurar en el centro de la política exterior española. Mariano
Rajoy no puede dar la espalda a las víctimas de tortura, pena de muerte
o represión en este país”, asegura Esteban Beltrán, director de
Amnistía Internacional en España.
La organización también ha pedido
a los grupos parlamentarios en el Congreso que promuevan iniciativas de control
sobre los derechos humanos con motivo de esta visita
Oscuro historial de derechos
humanos. Guinea Ecuatorial tiene un largo historial de violaciones de derechos
humanos que Amnistía Internacional ha puesto en conocimiento de las autoridades
españolas antes de la visita del presidente Rajoy, con el objetivo de que se
aborden estas cuestiones en sus relaciones bilaterales. Entre otras violaciones
de derechos humanos, la organización destaca las detenciones arbitrarias, la
detención preventiva prolongada sin cargos, la detención en régimen de
incomunicación y secreta, los juicios sin las debidas garantías, los casos de
tortura y malos tratos, las condenas y aplicación de la pena de muerte, las
ejecuciones extrajudiciales, la supresión de la libertad de expresión, reunión
y asociación, la obstaculización a la libertad de prensa y la detención de
familiares de opositores politicos.
“Las fuerzas de seguridad y otros
funcionarios públicos son responsables de estas violaciones de derechos humanos
y raramente comparecen ante la justicia. La falta de instituciones
independientes y mecanismos de rendición de cuentas para las fuerzas de
seguridad y la persistencia de un sistema judicial débil y politizado, que
también con frecuencia vulnera los derechos humanos, agravan la ya precaria
situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial”, continúa Beltrán. Con
motivo de esta histórica visita, Amnistía Internacional pide al presidente
español que se interese por la situación de tres personas que sufren hoy
violaciones de derechos humanos. Se trata de Mercedes Obono Nkoni
y Emilia (apellidos sin confirmar), quienes fueron detenidas únicamente para
forzar a su esposo Leoncio Nguema Asumo, a entregarse a las
autoridades. Amnistía Internacional pide su libertad inmediata. La organización
también recuerda el caso del dirigente bubi Weja Chicampo, que se
ve hostigado y perseguido con frecuencia. Amnistía Internacional solicita que
se respete su derecho a la libertad de movimiento, y que se le permita entrar y
salir del país cuando así el lo desee.
Pena de muerte
La pena de muerte es preceptiva
en Guinea Ecuatorial en los casos de asesinato con premeditación y también se
ha impuesto a opositores políticos declarados culpables de crímenes contra la
seguridad del Estado en juicios carentes de las debidas garantías, generalmente
ante tribunales militares. La última ejecución de opositores políticos tuvo
lugar el 21 de agosto de 2010. Sin embargo, desde 2008 varias personas
declaradas culpables de asesinato fueron condenadas a muerte. Aunque el número
exacto se desconoce, nueve de ellas fueron ejecutadas a finales de enero de
2014. Amnistía Internacional condena estas ejecuciones, y más sabiendo que se
llevaron a cabo dos semanas antes de que el Presidente Obiang Nguema firmara
una “resolución” que establecía una moratoria temporal sobre la pena de muerte.
Tortura
A pesar de existir una ley que
prohíbe la tortura, ésta persiste en la práctica. Agentes policiales, gendarmes
y soldados hacen uso de la tortura con impunidad casi total. En enero de 2010
el Gobierno de Guinea Ecuatorial accedió, ante el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU, a considerar la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de
la Convención contra la Tortura; sin embargo, todavía no lo ha hecho.
Amnistía Internacional continúa
recibiendo casos de tortura y otros malos tratos, aunque en los últimos cuatro
años el número de detenidos políticos sometidos a tortura o malos tratos parece
haber disminuido. Además de ser sometidos a malos tratos físicos, los detenidos
políticos con frecuencia sufren otras formas de trato o pena cruel, inhumano o
degradante tales como permanecer recluidos en régimen de incomunicación durante
semanas e incluso meses, sin cargos ni juicio y sin recibir asistencia médica
adecuada.
Agustín Esono Nsogo, quien estuvo
recluido sin cargos ni juicio desde su detención en octubre del 2012 hasta su
liberación el 10 de febrero de 2014, fue torturado en tres ocasiones
inmediatamente después de su detención. Lo golpearon con porras en ambas
muñecas, en la planta de los pies y en la cabeza, a consecuencia de lo cual
perdió la audición del oído izquierdo. No recibió atención médica.
El ex coronel del ejército Cipriano
Nguema Mba Mitogo fue torturado por lo menos en dos ocasiones desde que
fue encarcelado. Cipriano Nguema, exiliado en Bélgica desde 2012, fue
secuestrado por agentes de seguridad ecuatoguineanos en Nigeria el 23 de
diciembre de 2013, donde al parecer se encontraba visitando amigos y
familiares, para luego ser trasladado clandestinamente a Guinea Ecuatorial,
donde permanece en prisión.
Libertad de expresión, reunión y
asociación y libertad de prensa
La Constitución de Guinea
Ecuatorial y otras leyes subsidiarias reconocen el derecho a la libertad de
expresión, reunión y asociación, así como a la libertad de prensa; sin embargo
estos derechos son habitualmente vulnerados. La legislación de Guinea
Ecuatorial no requiere autorización previa para convocar manifestaciones. Con
todo, éstas no son permitidas, y tanto los organizadores como quienes intentan
manifestarse suelen ser detenidos. Desde 2011 las autoridades han rechazado
varias solicitudes para celebrar concentraciones pacíficas. En mayo y junio de
2013 las autoridades prohibieron manifestaciones programadas en Malabo y
amenazaron con el uso de la fuerza contra manifestantes. En ambas ocasiones se
desplegó un gran número de agentes de seguridad fuertemente armados en las
calles para hacer cumplir la prohibición y se acordonó el centro de la ciudad.
La manifestación de mayo había sido convocada por el Movimiento de Protesta
Popular para exigir la legalización del partido político Partido Democrático
para la Justicia Social. Su dirigente Clara Nsegue Eyi fue
detenida varios días antes de la convocatoria y estuvo recluida varios meses.
También se ha acosado, arrestado, detenido y sometido a malos tratos a
periodistas extranjeros que posteriormente fueron expulsados del país una vez
confiscado o destruido su material de trabajo. El caso más reciente es el de
dos periodistas del periódico británico “Financial Times”, Javier Blas
y Peter Chapman, que fueron detenidos en Malabo el 20 de enero de
2014 y expulsados del país. Se habían desplazado a Guinea Ecuatorial para
cubrir el Simposio sobre la Diversificación Económica de Guinea Ecuatorial, que
se celebró en Malabo del 3 al 5 de febrero.
Cumbre de la Unión Africana
Los jefes de Estado y de Gobierno
de la Unión Africana se reúnen en Malabo esta semana para debatir, entre otros
asuntos, sobre una propuesta de reforma de un artículo del protocolo sobre el
Estatuto de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos por la que se
concedería la inmunidad procesal a los líderes y otros altos cargos en funciones
ante la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos.
Amnistía Internacional pide que
se rechace esta redacción y se sustituya por una disposición como la del
artículo 27 del Estatuto de Roma de la Corte penal Internacional, que rechaza
cualquier tipo de inmunidad sobre delitos graves como actos de genocidio,
crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, entre otros. Está previsto que
la decisión de aprobar o no el proyecto de protocolo se tome el 27 de junio.
