Londres, 12 may (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció en su informa anual publicado hoy que las autoridades de Guinea Ecuatorial siguen llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, juicios injustos y torturas.
La organización defensora de los derechos humanos con sede en Londres, acusa al régimen de Malabo de ejecutar el 21 de agosto pasado a los ex militares José Abeso Nsue y Manuel Ndong Anseme, al guardia de fronteras Jacinto Micha Obiang, y al civil Alipio Ndong Asumu, tras ser secuestrados en Benin, donde vivían como asilados políticos.
Denuncia que el fusilamiento de estas cuatro personas, supuestos culpables de "intento de asesinato del presidente Teodoro Obiang, traición y terrorismo", se llevó a cabo "apenas una hora después de ser condenados a muerte por un tribunal militar en consejo de guerra sumarísimo".
Al recordar que "la rápida ejecución les negó su derecho a apelar contra la sentencia condenatoria y a pedir el indulto", agrega que el "juicio no reunió las debidas garantías, y las únicas pruebas que se presentaron en el tribunal para probar los cargos fueron la confesiones obtenidas bajo tortura".
Lamenta que el presidente Teodoro Obiang no ha cumplido con las promesas de junio pasado en el sentido de mejorar la situación de los derechos humanos, ampliar la libertad de prensa, garantizar la credibilidad judicial e introducir la transparencia y la rendición de cuentas en la industria petrolera.
Indica que soldados y agentes de la policía infligieron torturas y malos tratos a los detenidos y otras personas, especialmente en Bata, primera ciudad en importancia en la parte continental de Guinea Ecuatorial, a pesar de que lo prohíbe la legislación.
Denunció también los homicidios de Luis Ondo Mozuy, Manuel Napo Pelico, cometidos por los soldados en Bata, y Malabo, respectivamente y que las autoridades del país no han investigado.
El informe de AI también manifiesta que en esa antigua colonia española en África subsahariana, la libertad de prensa continua sometida a graves restricciones, al tiempo que la mayoría de los medios de comunicación están controlados por el Estado.
Continua señalando que los periodistas que tratan de hacer valer su independencia se enfrentan a actos de hostigamiento, despidos laborales y detenciones y, recuerda la detención de Pedro Luis Esono Edu y de Samuel Obiang Mbani, periodista de Radio Bata y el corresponsal de las agencia African Press y France Press, respectivamente.
Acusa al Ejecutivo ecuatoguineano de rechazar todas las recomendaciones relacionadas con la abolición de la pena de muerte y la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional adoptado por las Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos sobre su país celebrado en marzo.
Recuerda asimismo, que el marzo pasado, la candidatura de ese país para la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) fue rechazada "por no cumplir requisitos como la participación en el proceso de la EITE de grupos independientes de la sociedad civil y la presentación de un informe sobre los ingresos procedentes de petróleo".
AI lamenta que pese a que en agosto pasado, el Gobierno invitó al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la utilización de mercenarios para que visitara el país, no se permitió a los integrantes de la delegación visitar las cárceles.
La organización pro derechos humanos también hace mención en su informe del indulto decretado por Obiang a favor de Marcelino Nguema, Santiago Asumu y siete nigerianos, en octubre pasado con motivo de la conmemoración del día de la Independencia de España.
Agrega que otros cinco presos de conciencia que cumplían largas penas de cárcel por un presunto ataque en la isla de Corisco en 2004, fueron puestos en libertad en agosto de 2010. EFE
La organización defensora de los derechos humanos con sede en Londres, acusa al régimen de Malabo de ejecutar el 21 de agosto pasado a los ex militares José Abeso Nsue y Manuel Ndong Anseme, al guardia de fronteras Jacinto Micha Obiang, y al civil Alipio Ndong Asumu, tras ser secuestrados en Benin, donde vivían como asilados políticos.
Denuncia que el fusilamiento de estas cuatro personas, supuestos culpables de "intento de asesinato del presidente Teodoro Obiang, traición y terrorismo", se llevó a cabo "apenas una hora después de ser condenados a muerte por un tribunal militar en consejo de guerra sumarísimo".
Al recordar que "la rápida ejecución les negó su derecho a apelar contra la sentencia condenatoria y a pedir el indulto", agrega que el "juicio no reunió las debidas garantías, y las únicas pruebas que se presentaron en el tribunal para probar los cargos fueron la confesiones obtenidas bajo tortura".
Lamenta que el presidente Teodoro Obiang no ha cumplido con las promesas de junio pasado en el sentido de mejorar la situación de los derechos humanos, ampliar la libertad de prensa, garantizar la credibilidad judicial e introducir la transparencia y la rendición de cuentas en la industria petrolera.
Indica que soldados y agentes de la policía infligieron torturas y malos tratos a los detenidos y otras personas, especialmente en Bata, primera ciudad en importancia en la parte continental de Guinea Ecuatorial, a pesar de que lo prohíbe la legislación.
Denunció también los homicidios de Luis Ondo Mozuy, Manuel Napo Pelico, cometidos por los soldados en Bata, y Malabo, respectivamente y que las autoridades del país no han investigado.
El informe de AI también manifiesta que en esa antigua colonia española en África subsahariana, la libertad de prensa continua sometida a graves restricciones, al tiempo que la mayoría de los medios de comunicación están controlados por el Estado.
Continua señalando que los periodistas que tratan de hacer valer su independencia se enfrentan a actos de hostigamiento, despidos laborales y detenciones y, recuerda la detención de Pedro Luis Esono Edu y de Samuel Obiang Mbani, periodista de Radio Bata y el corresponsal de las agencia African Press y France Press, respectivamente.
Acusa al Ejecutivo ecuatoguineano de rechazar todas las recomendaciones relacionadas con la abolición de la pena de muerte y la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional adoptado por las Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos sobre su país celebrado en marzo.
Recuerda asimismo, que el marzo pasado, la candidatura de ese país para la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) fue rechazada "por no cumplir requisitos como la participación en el proceso de la EITE de grupos independientes de la sociedad civil y la presentación de un informe sobre los ingresos procedentes de petróleo".
AI lamenta que pese a que en agosto pasado, el Gobierno invitó al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la utilización de mercenarios para que visitara el país, no se permitió a los integrantes de la delegación visitar las cárceles.
La organización pro derechos humanos también hace mención en su informe del indulto decretado por Obiang a favor de Marcelino Nguema, Santiago Asumu y siete nigerianos, en octubre pasado con motivo de la conmemoración del día de la Independencia de España.
Agrega que otros cinco presos de conciencia que cumplían largas penas de cárcel por un presunto ataque en la isla de Corisco en 2004, fueron puestos en libertad en agosto de 2010. EFE
