El control del gobierno, incluso sus ingresos petroleros, está
concentrado en Obiang y su familia.
En Guinea Ecuatorial
se sigue practicando la tortura. Aunque el nivel de violencia ejercida contra
los militantes y dirigentes de la oposición quizás haya disminuido.
Desde 1979, Guinea Ecuatorial ha estado bajo el mandato de Teodoro
Obiang Nguema Mbasogo, que otorgó todos los cargos públicos a sus parientes
y convirtió a su país en hogar de uno de los gobiernos más corruptos del
mundo. El control del gobierno, incluso sus ingresos petroleros, está
concentrado en Obiang y su familia. Esto respalda la hipótesis de que los
países en los cuales los ingresos de recursos naturales son controlados por un
número limitado de actores económicos tienen más probabilidades de ser menos
transparentes.
En Guinea
Ecuatorial se sigue practicando la tortura. Aunque el nivel de violencia
ejercida contra los militantes y dirigentes de la oposición quizás haya
disminuido, sustituida en muchos casos por su cooptación a cambio de un fajo de
billetes, un puesto de trabajo y un carnet del partido en el poder, que les
permita superar la imposibilidad de trabajar en el sector formal de la
economía, público o privado.
En un
comunicado, AI ha recordado este miércoles que es costumbre suya aprovechar los
eventos deportivos para hacer campañas de denuncia sobre la situación de los
derechos humanos en los lugares donde se celebran, como las que ha llevado a
cabo con motivo del Gran Premio de Fórmula 1 en Bahréin, los Juegos Olímpicos
de Pekín (2008) y Londres (2012), los inminentes Juegos Olímpicos de Invierno
de Sochi, en Rusia (2014), y los Mundiales de Fútbol de Suráfrica (2010) y
Brasil (2014).
Entre los
abusos denunciados, Amnistía ha llamado la atención sobre las
restricciones a la libertad de prensa, expresión y manifestación y ha asegurado
que, pese a que la Constitución garantiza estos derechos, "se restringen
de forma rutinaria en Guinea Ecuatorial".
Asimismo,
la organización ha denunciado la vigencia de la pena de muerte y ha recordado
que en 2010 se produjeron cuatro ejecuciones, "las últimas de las
que se tiene noticia". Sin embargo, la organización ha asegurado que una
persona fue condenada en 2012 a la pena capital y que la pena de muerte
"se ha aplicado a opositores políticos condenados por delitos contra el
Estado".
AI ha
advertido también del acoso y la privación de libertad de que son objeto
los activistas y defensores de derechos humanos, una represión que se
intensifica "en el contexto de la celebración de elecciones o antes de
otros eventos importantes". Estas personas, a las que "no es
raro" que les acuse de "tratar de desestabilizar el país",
permanecen en prisión durante "un tiempo indeterminado de días o
meses", ha proseguido. "A menudo se hostiga y persigue a familiares
de los activistas para obligar a estos a entregarse a las autoridades", ha
añadido.
El
informe de la organización denuncia también "es una práctica habitual
transferir a activistas políticos a cárceles o comisarías de policía de otras
ciudades en secreto, donde permanecen en régimen de incomunicación durante
algún tiempo, convirtiéndose, en la práctica, en víctimas de desapariciones
forzadas". "En todos los casos conocidos por Amnistía Internacional,
las autoridades se niegan a reconocer que mantienen a estas personas bajo su
custodia ni a revelar su paradero", ha asegurado.
Asimismo,
a pesar de que la Constitución establece el derecho a ser juzgado en
juicios justos, "los opositores políticos y otras personas críticas han
sido juzgados por cargos inventados", ha manifestado la organización. En
los últimos cuatro años, según AI, algunos civiles han sido juzgados en
tribunales militares. Ha denunciado además que los tribunales aceptan las
confesiones obtenidas bajo tortura, "incluso en los casos en que esto
constituye la única prueba contra las personas acusadas". "Los jueces
y los abogados defensores son designados por las autoridades militares o
políticas y carecen de formación jurídica", ha agregado.
Por otra
parte, Amnistía Internacional ha documentado casos de tortura u otros
malos tratos desde 2009 que, en ocasiones, han acabado con la muerte de los
afectados. Además de los malos tratos físicos, las personas detenidas por
motivos políticos pueden ser sometidas a otras formas de tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes. La ONG también ha puesto la voz de alarma
ante la "impunidad casi total" de que gozan los policías y soldados
"cuando cometen homicidios ilegítimos, incluso ejecuciones
extrajudiciales".
http://www.teinteresa.es/mundo/Corrupcion-pobreza-petroleo-Guinea-corruptos_0_1040897310.html
